Lo que ha dejado la auditoría al fútbol

Entre dos a tres veces al mes, el directorio de la Asociación de Fútbol Nacional (ANFP) se reúne en su sede de Quilín para debatir sobre el estado de la competencia y otras materias relacionadas. En sus últimos encuentros, esta mesa -presidida por Sergio Jadue e integrada también por Cristián Varela, Jaime Baeza y Nibaldo Jaque, entre otros- comenzó a trabajar en forma reservada en un cambio a las normas que regulan el funcionamiento de los clubes.

La enmienda -que también ha sido comentada de manera informal por los máximos representantes de los equipos en los últimos consejos de presidentes- toca un tema sensible en la administración de este tipo de sociedades: limitar la cantidad de jugadores extranjeros que cada club puede inscribir en los registros generales de la ANFP.

Actualmente, los equipos tienen libertad para anotar futbolistas nacionales y foráneos sin ningún límite, independientemente de si están habilitados o no para jugar en el torneo nacional. La idea en evaluación es aprobar un registro que no supere los 15 jugadores extranjeros por equipo. Para ello, el directorio de la ANFP ha estado conversando informalmente con algunos clubes y con el Sindicato de Futbolistas Profesionales.

"Se va a trabajar en un registro general de jugadores para ver la viabilidad de tener un límite máximo de futbolistas extranjeros, que hoy no es desproporcionado", comenta el secretario ejecutivo de la ANFP, Oscar Fuentes, a L a Tercera.

¿Pero por qué limitar el número de extranjeros inscritos? El objetivo es cerrar espacios a un mecanismo de "triangulación" en las transferencias de jugadores, escenario que comenzó a ser investigado por la justicia argentina en 2012 y cuya indagación se extendió a dos clubes chilenos (Unión San Felipe y Rangers de Talca), ambos en manos de inversionistas transandinos.

El mecanismo indagado por la justicia de ese país es, a grandes rasgos, el siguiente: un futbolista que juega en Argentina y que está esperando un inminente traspaso es inscrito previamente en un club chileno, que no cobraría ninguna suma en dinero por registrarlo en su organización. Luego, la venta se hace desde Chile, donde -de acuerdo con la normativa, distinta a la que hay en Buenos Aires- los jugadores no pagan impuestos por la transacción y así se eluden las exigencias tributarias que sí se piden en el país vecino.

Al recibir el pago, el club chileno transfiere estos fondos al "verdadero" dueño del deportista, el que -a su vez- puede recibir el dinero en una cuenta fuera de Argentina, evitando así el pago de impuestos y evitando las férreas limitaciones del mercado de los dólares de ese país.

Si bien en Quilín estiman que el actual sistema de funcionamiento -con cupos ilimitados en los registros para extranjeros- no es ilegal e incluso está validado por la FIFA, la ANFP quiere eliminar cualquier riesgo.

Así, en la asociación de fútbol no agrada que algunos clubes tengan en sus registros más de 40 jugadores, de los cuales más de la mitad es extranjero y nunca ha jugado por ese equipo. Un ejemplo es San Felipe, que en sus registros tiene 18 futbolistas foráneos entre sus 40 inscritos.

"Estoy de acuerdo con lo que plantea la ANFP, porque así le damos la opción a gente joven. Porque a veces los extranjeros tapan la salida de esos jugadores", dice el presidente de Cobreloa, Mario Herrera.

Como sea, la investigación de este "modus operandi" fue impulsada en Argentina por el juez Norberto Oyarbide, quien aseguró que se estaba configurado una red de lavado de dinero y delitos tributarios que involucraba a San Felipe, Rangers, además de clubes transandinos, uruguayos y suizos. En ese contexto, Oyarbide envió el 6 de junio un exhorto al Ministerio Público chileno para concretar una serie de diligencias.

Siete días después, el 13 de junio, los fiscales de la jurisdicción Metropolitana Centro Norte, Andrés Montes y José Morales, encabezaron un allanamiento junto a efectivos del OS-9 de Carabineros a dependencias de la empresa Alhec Group, ubicada en Isidora Goyenechea, en la comuna de Las Condes, firma de capitales argentinos.

Según explican en Alhec Group, su rubro es la compra y venta de monedas extranjeras. Sin embargo, las sospechas de Oyarbide -que motivaron el allanamiento en Santiago- es que tanto la casa matriz de la firma en Buenos Aires como sus oficinas en Santiago y Uruguay son las que eventualmente reciben y distribuyen pagos en el marco de las transacciones fuera de norma. En Chile, se investigaron vínculos con San Felipe y Rangers.

El registro de Carabineros a Alhec Group se extendió por más de seis horas y se incautaron fichas de clientes, discos duros y otros documentos. También, según detalla un informe de la policía al que tuvo acceso La Tercera, se encontraron planillas de jugadores argentinos de primer nivel, quienes mantenían operaciones bancarias con Alhec (ver recuadro).

En paralelo a la diligencia en Las Condes, la policía uniformada fue a las oficinas del club San Felipe, en la Región de Valparaíso, para incautar la nómina completa del plantel desde 2005 a la fecha y documentación relacionada con el fichaje del argentino Jonathan Pablo Botinelli, cuyo nombre había sido mencionado en Buenos Aires como uno de los implicados en el caso. Así, Carabineros incautó el contrato de Botinelli, su ficha y currículum, entre otros.

Carabineros también solicitó los archivos financieros de San Felipe y el Club Atlético River Plate, que había vendido a Botinelli al equipo de la Quinta Región. En esa línea, la policía incautó documentos sobre precios de transacciones de jugadores y la relación comercial de ambos clubes con la empresa Old Oaks Invest, que se encarga de la compra y venta de futbolistas.

En paralelo, el fiscal Morales realizó diligencias en la ANFP. Mediante el oficio reservado N° 263 solicitó las nóminas de jugadores transandinos inscritos por San Felipe y Rangers desde 2005 que no hubieran jugado en Chile. Consultados por Reportajes, ambos clubes declinaron referirse al tema.

En el oficio, Morales también pidió saber si hay jugadores argentinos que hayan permanecido menos de cuatro meses en los registros de la ANFP y que hayan sido transferidos al exterior, así como los involucrados en esas transacciones.

Pese a todas estas diligencias, el pasado miércoles 30 de octubre, la Cámara Federal -instancia del Poder Judicial argentino- apartó al magistrado Oyarbide de la investigación, sobreseyó a todos los imputados y anuló la causa. La noticia fue monitoreada al detalle desde la ANFP en Santiago.

Pero las críticas a esta indagación en Buenos Aires no han significado el fin de la investigación en Santiago. Esto, pues mucho antes de las diligencias realizadas por la fiscalía, ya se había abierto una indagación en Chile a cargo del Servicio de Impuestos Internos. "Nosotros descartamos una red de lavado de dinero con Argentina, pero podríamos estar ante un caso de delito tributario, causa que sólo se puede abrir con una denuncia del SII", asegura una alta fuente del Ministerio Público.

Según informó el SII a Reportajes, en septiembre de 2012 se notificó a la totalidad de las Sociedades Anónimas y clubes de fútbol ligados a la ANFP que se investigarían las transferencias llevadas a cabo entre 2009 y 2012.

En el organismo explican que "se había detectado que algunos clubes no detentaban la totalidad de los derechos económicos derivados que se derivarían de la propiedad del pase de los jugadores".

En el SII dicen que la investigación -que incluyó declaraciones de los contribuyentes y entrega de contratos y documentación anexa a las transferencias- arrojó resultados concretos. Primero, se detectaron "inconsistencias" entre los montos estipulados en los documentos de la transferencia del jugador versus "los declarados tributariamente por parte de los contribuyentes". "En tales casos, el SII ha procedido a abrir procesos de auditorías, los cuales están actualmente en ejecución", afirman en el organismo fiscalizador.

Pero en segundo lugar, Impuestos Internos "confirmó, en casos excepcionales, el uso de sociedades o entidades constituidas en paraísos tributarios o en países de baja tributación".

Esto, con el fin de evitar el pago de impuestos en Chile, pese a concretar la transferencia del jugador. ¿Cómo? Los derechos económicos de los jugadores -u otros similares, como los derechos de imagen- se radican en estas sociedades en paraísos fiscales, lo que permite no declararlos ni tributarlos en Santiago.

Sobre estos casos, dicen en SII, también se abrieron auditorías para determinar el monto de impuestos que correspondería aplicar a los contribuyentes involucrados en tales operaciones.

Según ha trascendido, el SII estaría investigando a cinco clubes por eventual evasión tributaria, algunos de los cuales estarían siendo usados como "puentes" para transferir jugadores a Europa.

En la ANFP han estado atentos al desenlace de estas auditorías. En esa línea, desde Quilín comentaron que una vez oficializadas las conclusiones del SII, el directorio liderado por Sergio Jadue hará oficial la propuesta que limita la inscripción de jugadores extranjeros ante los presidentes de los equipos para iniciar un acuerdo macro sobre la materia.