Los nuevos conflictos que transforman a los vecinos en enemigos

La comunidad de un edificio de Las Condes no olvida el rostro de uno de sus vecinos del piso cinco. No solo porque aparece todos los días en uno de estos programas de televisión para adolescentes que dan a las siete de la tarde. También porque los carretes que organiza de lunes a viernes se escuchan en todos los departamentos e, incluso, en otros edificios del sector de Presidente Riesco. Un administrador que supo de estas fiestas cuenta que los invitados de este joven gritan borrachos en los pasillos, vomitan en los ascensores y una vez ocuparon los estacionamientos de visitas por varios días. Los vecinos del edificio llevaron el caso hasta un juzgado de policía local de la comuna. El acusado contrató un buen abogado y no fue sancionado.

El 75% de las viviendas que se construyen en la capital son departamentos. Sin embargo, a los santiaguinos les ha costado acostumbrarse a la vida en comunidad. Sobre todo porque la mayoría siempre vivió en casa y por primera vez lo hacen en edificios. "Se han ido adaptando a punto de conflictos y golpes", afirma el presidente del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria, Juan Carlos Latorre.

La ecuación es sencilla: mientras más grande es el edificio, mayor es el número de conflictos. Es por eso que los administradores aseguran que los problemas aumentaron desde fines de los noventa, cuando en varios barrios de Santiago se comenzaron a levantar condominios con varias torres y cientos de departamentos. Para enganchar a los clientes, las inmobiliarias empezaron a equipar estos proyectos con una serie de espacios comunes. Piscinas, salones de eventos, gimnasios, saunas, salas de pool, quincho, lavandería, estacionamientos, áreas verdes y piscinas temperadas son parte del pack. Incluso en Las Condes el condominio Imago Mundi -que tiene 642 departamentos y alguna vez fue uno de los más grandes de la ciudad- tuvo una biblioteca, que luego desapareció.

Los administradores profesionales sostienen que, después de los ruidos molestos, el uso de los espacios comunes es el segundo mayor foco de conflicto en las comunidades de edificios de la capital. "Pero al final, estos espacios comunes aportan poco y solo sirven para generar problemas", asegura Juan Carlos Latorre, quien además administra varias comunidades.

A la cabeza de los conflictos están los polémicos salones de eventos. Un matrimonio de adultos mayores compró un departamento en el primer piso de un edificio en el centro. Su propiedad quedaba justo al lado de la sala de eventos de la comunidad. La pareja aguantó varios cumpleaños, baby shower y despedidas de solteras, hasta que decidió arrendar el departamento y cambiarse a otro edificio. Esta vez lejos del lugar de celebraciones de la comunidad.

Hasta hace unos siete años, la convivencia en estos lugares era regulada solo por la ley respectiva y los reglamentos de copropiedad de cada comunidad. Sin embargo, la masificación de los edificios equipados con varios espacios comunes provocó la aparición de reglamentos de convivencia, que son complementarios y que regulan el detalle fino. En ellos se establece lo que no se puede hacer en piscinas, gimnasios o las áreas por donde circulan los vehículos.

En uno de esos reglamentos dice: "En la piscina se prohíbe a los bañistas hacer todo tipo de piruetas que molesten, como piqueros, clavados, bombas y chinas". Y en otro se establece: "Queda estrictamente prohibido jugar a la pelota, andar en patines o jugar a las paletas en los espacios comunes". De todos modos, Jorge Wilson, director del Centro de Estudios Condominales, explica que menos de la mitad de los edificios de la capital tiene uno de estos reglamentos.

Fernando Carter, administrador que se hizo cargo del condominio Imago Mundi durante un par de años, asegura que la mayoría de estas normas de convivencia se crean a partir de conflictos puntuales. En un edificio de Puente Alto se estableció que la única prenda con la que se puede ingresar a la piscina es el traje de baño. Esto, luego de que un grupo de vecinos borrachos decidió terminar la fiesta en la piscina, donde se metieron sólo con ropa interior. Las señoras que esa noche de verano compartían en los balcones no tardaron en reclamar ante el conserje.

En una comunidad del sector oriente un propietario utilizó la sala de eventos para celebrar un cumpleaños. Al día siguiente, el conserje se dio cuenta de que a los participantes se les pasó la mano con el trago, porque muchas de las sillas metálicas estaban dobladas. Pese a los reclamos, no se hicieron responsables. Desde entonces, el comité de administración decidió exigir un cheque en garantía a quienes quieren usar ese espacio. "Si no entrega el cheque, no se le presta la sala. Así de simple", cuenta su administrador.

Y en un edificio de Ñuñoa se generó un gran escándalo cuando un departamento se inundó con las aguas que venían del alcantarillado. Tras buscar la razón del problema, se descubrió que una vecina tiró un pañal desechable por el WC, que quedó atrapado en algún punto. Esto hizo colapsar el sistema de alcantarillado y el propietario de un departamento de los pisos superiores se llevó la peor parte. Desde aquel conflicto, el reglamento de convivencia dice claramente: "Queda prohibido arrojar pañales desechables y toallas higiénicas por el WC".

Jorge Wilson cuenta que hoy la tendencia apunta a poner reglas claras sobre todos estos pequeños detalles de convivencia. "Hay que normarlo todo, en especial los bienes y los espacios de uso común. Es como si fueran niños. En los departamentos la gente hace cosas que en su casa nunca hizo. Como que en comunidad se pierden los principios básicos", plantea Wilson.

Muchos de estos conflictos se resuelven al interior de los edificios. Pero también hay otros insalvables que pasan a engrosar las demandas de los juzgados de policía local. Ahí llegan desde reclamos por vecinos ruidosos hasta agresiones. Los municipios de la capital están tomando nota de los trastornos que está provocando la masificación de la convivencia en comunidades.

Precisamente para evitar que estas disputas inunden los juzgados de su comuna, algunas municipalidades crearon instancias gratuitas para mediar en estos conflictos. En Providencia se creó una sala de mediaciones para sus vecinos. Al mes ven cerca de 50 casos, la mayoría peleas por ruidos molestos y por mal uso de los espacios comunes. Ahí se vio el caso de una señora que al interior de su departamento convivía con 20 perros. También el de un propietario que vivía en un primer piso y que decidío enrejar 140 M2 del patio para su uso particular. Todos los vecinos se fueron en su contra.

Cerca del 20% de los casos que llegan al Centro de Mediación Familiar de Las Condes son por conflictos que ocurren al interior de comunidades de edificios. Este centro comenzó a funcionar en 2005 y cuenta con abogados, orientadores, sicólogos y asistentes sociales.

La Municipalidad de Santiago también tiene un programa de mediación para conflictos de copropiedad. El año pasado atendió a más de 700 personas y la mayoría acudió para resolver problemas de gastos comunes y de administración. "En la comuna tenemos casi tres mil edificios acogidos al régimen de copropiedad y por eso los conflictos entre vecinos son muchos. Entonces, con esta mediación lo que hacemos es intervenir y evitar las demandas en los juzgados de policía local", dice el alcalde Pablo Zalaquett.

Sin embargo, muchos de estos casos terminan sin solución, con los vecinos enfrentados y con las asambleas transformadas en verdaderos campos de batalla. "La comunidad se convierte en un grupo de enemigos que va a estas reuniones solo a descuerarse", remata Wilson.