Los puntos débiles que dificultarán la aplicación de las normas

Pese a que fueron ellos mismos quienes tramitaron las leyes de probidad y transparencia, son varios los senadores y diputados que comentan, tras haberlas despachado del Congreso, que es muy probable que no logren aplicarse plenamente en las próximas elecciones municipales del 23 de octubre y que, incluso, es probable que deban sufrir algunos ajustes en el corto plazo.

La preocupación que más se ha comentado -reconocida incluso en el gobierno y en el Servicio Electoral (Servel)- es la dificultad que encontrará el Servel para hacerse cargo de las múltiples nuevas obligaciones que se le entregan, sobre todo por que algunos sectores creen que las nuevas normas tienen un alto contenido teórico.

Ese organismo tendrá un amplio rango de responsabilidades, que irán desde hacerse cargo de pagar los aportes estatales a los partidos y candidatos, junto con revisar sus declaraciones de intereses y patrimonio. Esto, además de supervisar las elecciones internas de las colectividades y establecer sanciones a aquellas que no cumplan con las nuevas exigencias de acceso a la información a través de sus sitios web, entre otras cosas. Esto, en un contexto en que el Servel recién comenzará a aumentar su dotación en marzo.

Así, el miércoles pasado el ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, admitió que es probable que estas nuevas funciones se deban ir implementando gradualmente. Y ayer, el consejo directivo del Servel se reunió para analizar el tema.

Efectos

Desde el mundo parlamentario apuntan, además, a algunas consecuencias. Por ejemplo, consideran que al imponer exigencias tan altas -y castigos como pagar multas elevadas e ir a la cárcel- a los administradores electorales, se crea un desincentivo para que personas quieran ocupar esos cargos. Más aún, cuando se trate de elecciones de concejales, en las que los montos que pueden llevar a estas sanciones son bajos.

En una situación similar -dicen- se encontrarán los encargados de la administración de los partidos.

Otra definición que incomoda a algunas autoridades es que el voluntariado en una campaña haya quedado sujeto a ser valorizado por el candidato, lo que también -estiman- puede generar un efecto desalentador para los interesados en colaborar con un candidato. Esto, pues implica hacer público el listado de nombres.

Una situación parecida se genera al valorizar otras actividades de campaña, como un evento vecinal, ya que al no existir un listado estándar de precios, se advierte que es altamente probable que la valorización del candidato difiera de la del Servel.

La efectividad de las sanciones también está en entredicho, particularmente respecto de las penas de cárcel, que al ser inferiores a tres años estarán afectas a la posible solución de salidas alternativas, como penas remitidas, que dejen sin efecto cumplir una pena de cárcel efectiva.