Nueva institucionalidad para medición de la pobreza

TRAS LA INTENSA polémica que se generó en torno a la última medición de pobreza que reportó la última encuesta Casen -según la cual la pobreza bajó desde 15,1% en 2009, a 14,4% en 2011-, la Cepal anunció la decisión de no continuar colaborando con el cálculo de la pobreza, como lo venía haciendo en los últimos 25 años, decisión que fundamentó en la “madurez institucional” que ha alcanzado Chile. Esta decisión, que no cabe cuestionar y debe ser asumida como una expresión de su autonomía, ha permitido reactivar la iniciativa que busca dotar al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de plena autonomía, de modo que sea este organismo el que tenga a su cargo el cálculo de la pobreza, además de continuar con el valioso trabajo estadístico que ya realiza en la determinación de otras variables relevantes para la economía.

La inconveniente discusión en torno a los resultados de la Casen provocó un innegable daño en la credibilidad de un instrumento que ha sido fundamental para la política social y que se viene aplicando desde 1987. El que por motivaciones electorales se haya puesto en duda la veracidad de los resultados -sumado a errores comunicacionales del gobierno en la forma como dio a conocer dichos resultados- debe motivar a la urgente búsqueda de una institucionalidad que quede ajena a este tipo de contiendas políticas. Dotar de autonomía al INE -tal como ocurre con el Banco Central y con otras entidades muy relevantes para el país- parece ser una solución eficiente al problema y no se ve razón alguna para que el país no avance en esa dirección. El gobierno anunció que con anterioridad a este episodio venía trabajando en un proyecto de ley que le entrega autonomía al Instituto. El detalle de la iniciativa aún no se conoce, pero los primeros lineamientos parecen sugerir que habrá un consejo nacional de estadísticas, del cual dependerá un director. Más allá del detalle técnico, es valorable que con una iniciativa legal concreta se pueda comenzar una discusión seria y fundada sobre el tema.

Es importante que esta nueva institucionalidad sea tramitada con la prioridad que demanda, pero a la vez con el necesario cuidado que un cambio de esta envergadura requerirá. Es una decisión del gobierno que, a partir de 2013,  la Casen sea realizada anualmente y no cada dos años, como ocurría hasta ahora. Contar con estadísticas actualizadas, que permitan medir año a año el impacto de las diversas políticas sociales, es un paso valioso y cabe persistir en su concreción. Ello, sin embargo, demandará un importante esfuerzo técnico y de recursos económicos, y en ese sentido, es trascendental que dicha institucionalidad cuente con el presupuesto y las capacidades requeridos, ya que resultaría lamentable que nuevamente el proceso de medición y sus resultados sean puestos en entredicho, especialmente considerando que el tema de la pobreza ya se advierte que será un hito en las futuras contiendas electorales.

La discusión en torno a los resultados de la Casen ha impedido apreciar el enorme progreso que el país ha experimentado en los últimos años en materia social. Es evidente que con las altas tasas de crecimiento que se han registrado y el bajo nivel de desempleo, vastos segmentos de la población han mejorado su bienestar. Uno de los riesgos de cuestionar, por motivaciones políticas, las mediciones de pobreza, radica en que se interprete equivocadamente que las políticas que se han seguido son ineficaces, lo que no se ajustaría a la realidad.