Nueva ley del Sistema de Empresas Públicas incorpora consejeros independientes

DURANTE 16 años, el Sistema de Empresas Públicas (SEP), holding que agrupa a 22 firmas en las que el Estado es controlador o accionista, ha funcionado al amparo de un decreto supremo que, como tal, está sujeto a que las autoridades de La Moneda lo mantengan. Sin embargo, ese estatus debería cambiar en los próximos meses, ya que el Ejecutivo tiene listo el proyecto que propone un marco legal específico para la entidad y modifica su gobierno corporativo para darle más autonomía de la administración de turno, creando la figura de los consejeros independientes. La iniciativa también saca al organismo de la tutela de Corfo y lo deja bajo línea directa del Ministerio de Economía.

El presidente del consejo directivo del SEP, Domingo Cruzat, adelanta a La Tercera que el proyecto de la nueva ley SEP ya pasó la revisión de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) en La Moneda y se encuentra en Hacienda, para su aprobación final desde el punto de vista presupuestario, debido a que, entre otras razones, implica recursos para pagar indemnizaciones y la contratación de personal. Estima que será enviado al Congreso antes de finalizar este año y la expectativa con la que están trabajando en el organismo es que la implementación tenga lugar antes de que la actual administración entregue el poder, en marzo de 2014. Esto significa que la mesa del SEP para el período 2014-2018 sería constituida según la nueva ley.

Como representante del Estado chileno en las empresas en que es directa o indirectamente socio, accionista o propietario, el SEP tiene la facultad de designar a los miembros de los distintos directorios o consejos de cada una y evaluar su gestión estratégica. Pero también, garantizar el rol social para el que fueron creadas. Entre las firmas bajo su alero están Correos de Chile, Metro, EFE, Casa de Moneda, Polla y 10 firmas portuarias. Además, ya que Corfo es accionista minoritario en algunas sanitarias, el SEP lo representa en ellas, pero sin facultad de evaluar su gestión. Se trata de Aguas Andinas, Essbío, Esval y Essal.

Cruzat, quien en agosto cumplió un año en el cargo, destaca que la mayoría de las empresas SEP ha mejorado su gestión, se ha ampliado a nuevos negocios e incluso, elevado sus resultados (ver galería). También, que EFE ha logrado revertir parte de sus malas cifras, tras un proceso de renegociación de contratos y mayores exigencias de gestión (ver secundaria).

Tres líneas

La nueva ley SEP contempla tres grandes ejes, afirma Cruzat. El primero es que modifica la composición y duración del gobierno corporativo del organismo, cuya expresión es el consejo directivo, para dotarlo de mayor autonomía del poder político de turno.

Hoy, el consejo del SEP tiene nueve integrantes, que duran cuatro años. El Presidente de la República nombra al presidente y dos directores. Los otros seis son designados por Hacienda (dos), Economía (uno) y Corfo (tres). El proyecto propone mantener el número de consejeros, por períodos de cuatro años, pero en dos categorías. Cinco -entre ellos, el presidente- seguirán siendo designados por el Mandatario. Los otros cuatro consejeros, en cambio, serán propuestos por el Presidente y ratificados por el Senado, y tendrán un ingreso escalonado cada dos años.

Cruzat explica que el paso por la Cámara Alta -que replica el modelo del consejo del Banco Central o del directorio de TVN- permitirá dar garantías de mayor representatividad de las distintas sensibilidades políticas en la mesa del SEP, pero también de corrientes académicas y/o profesionales. "Este modelo mantiene lo mejor de la conducción del SEP y lo dota de una suerte de independencia de la administración de turno, lo que es un gran activo. Pero también plantea mejores herramientas en materia de gobierno corporativo, que se expresarán en nuevos desafíos a la gestión de nuestras empresas, sin deteriorar su rol social", señala.

El ingreso escalonado de los consejeros definidos como independientes se diseñó de esa manera, detalla Cruzat, como una forma de dar continuidad a la labor realizada en una administración cuando se produzca una renovación de gobierno. En esos casos, se mantendrán al menos dos integrantes por dos años más en la mesa. "El modelo escalonado ayuda a respaldar los proyectos que nuestras empresas estén desarrollando al momento en que, por ejemplo, se produce un cambio de gobierno. Eso permitirá validar que las decisiones que tomó previamente el consejo respondieron a consideraciones técnicas, empresariales o sociales, pero no políticas", fundamenta.

El segundo eje apunta a la gestión de las empresas SEP. Primero, porque al dotar de un perfil más autónomo al consejo del SEP, esta directriz debiera replicarse en el nombramiento de los directorios o consejos de las empresas del holding, pues el proyecto no altera esa facultad. Sí deja explícitamente establecido que cuando el consejo SEP lo estime conveniente, podrá encargar a un head hunter la búsqueda de directores para sus empresas.

Asimismo, si bien el prospecto no plantea una escala de remuneraciones preestablecida, sí señala expresamente que el consejo del SEP tendrá la facultad -que hoy ejerce, en todo caso- de proponer dietas a los directivos similares o que tengan relación con las que perciben sus pares en empresas privadas del área.

"Esperamos que haya más propensión y disposición del gobierno que asuma y del propio consejo SEP, a proponer o mantener en los directorios a personas de otras corrientes políticas o que incluso vienen de otras administraciones. Hoy, eso no ocurre, porque, de hecho, personas que no comparten la sensibilidad política de este gobierno, por ejemplo, desistieron de integrar algunos directorios o continuar en ellos", dice el ejecutivo.

Lo otro es que si bien el proyecto entrega al SEP espacio para elevar las exigencias de gestión a sus empresas, mantiene bajo la supervisión de Hacienda la asignación y ejecución presupuestaria de cada empresa estatal, es decir, la solicitud de recursos para sus planes de inversión y rendimiento. Lo anterior, pese a que una primera mirada al interior del SEP apuntaba a lograr mayor autonomía presupuestaria de sus empresas.

El tercer eje, en tanto, se refiere a los alcances de la nueva ley. Pese a los intentos iniciales, finalmente, se decidió no incluir en el proyecto a Enami ni a Enap.

Cruzat sostiene que la decisión se tomó para darle mayor viabilidad legislativa al proyecto, ya que en el Congreso hay personeros oficialistas y de oposición que ya manifestaron su negativa a una iniciativa que cambie el estatus de gobierno corporativo de esas dos empresas y las deje bajo el sistema SEP.

En 2008, la ex Presidenta Miche-lle Bachelet envió al Parlamento un proyecto para modernizar el SEP, pero su tramitación no prosperó por consideraciones principalmente políticas. Entre ellas, la negativa de la Concertación a cambiar el nombramiento del consejo SEP para hacerlo más autónomo.

El texto proponía que de los nueve consejeros SEP, siete fueran designados por el Presidente de la República y que los dos restantes tendrían calidad de consejeros independientes nombrados por el Presidente, previo acuerdo del Senado, y que durarían en sus cargos cuatro años. La iniciativa también excluía a Enap y a Enami.