Nueva Ley SEP debe estar lista antes de julio para cumplir con la Ocde

"Desde que Chile ingresó a la Ocde, en enero de 2010, el Ejecutivo ha ido cumpliendo gradualmente con las distintas exigencias que el organismo impuso para entrar al selecto grupo de economías que lo conforman. Uno de los requisitos pendientes -de una amplia lista de temas económicos y sociales- apunta a las empresas públicas chilenas. En este caso, el objetivo era dotarlas de un gobierno corporativo independiente del poder político e imponer modelos de gestión que las hicieran eficientes y cuyo comportamiento no introduzca distorsiones en la competencia en los mercados en los que participan.

El punto se resolvió para Codelco, pero quedaron pendientes las empresas SEP, Enap y Enami. Mientras sobre lo primero no hubo avances en esta administración, hoy, las fichas del Ejecutivo están puestas en el proyecto de ley que reforma el Sistema de Empresas Públicas (SEP), holding que reúne a 22 firmas en que el Estado es controlador o socio a través de Corfo. Este es el tercer intento por reformar la entidad. Los primeros fueron en las administraciones de Lagos y Bachelet.

El proyecto

La iniciativa fue enviada al Congreso en septiembre y parte por darle un nuevo marco legal institucional al SEP -tras 16 años bajo la figura de un comité Corfo-, transformándolo en un servicio público, con personalidad jurídica y patrimonio propio dependiente del Ministerio de Economía. El texto reforma la constitución del consejo directivo del SEP e incorpora a miembros independientes; les fija responsabilidades pecuniarias y solidarias en caso de negligencia, y establece normas para asegurar la separación de los roles social y empresarial en las firmas bajo su tutela.

Pese a que la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos 2014 ha concentrado al Ejecutivo, el presidente del consejo directivo del SEP, Domingo Cruzat, adelanta que Hacienda lleva adelante gestiones en el Parlamento para aprobar la reforma al SEP cuanto antes, debido a que el compromiso adoptado con la Ocde supone tener aprobado el nuevo sistema en julio próximo.

Al negociar el ingreso del país a la entidad se estableció que, en esa fecha, el Estado chileno debería contar con una política de gobiernos corporativos autónomos para sus empresas y con una política de administración que combinara, pero también que separara en forma explícita el rol social y empresarial de las estatales. Esto implica un manual o decálogo de gestión con criterios de independencia y estándares de competitividad en los mercados en que participan, explica Cruzat.

"El proyecto es bastante agnóstico, desde el punto de vista político. De hecho, no es tan distinto del que envió el anterior gobierno. La ley es neutra en lo político, pero no neutra en cuanto al buen manejo de los recursos públicos. Es un diseño que minimiza los problemas de mala administración", dice.

Elección del consejo

Si la iniciativa se aprueba en la primera mitad de la próxima administración, será ésta la que disponga su implementación, pues en su articulado también plantea un año -desde su aprobación- para poner en marcha el nuevo esquema.

El proyecto propone un nuevo gobierno corporativo para el organismo, modificando la composición y duración del consejo directivo. Hoy, el comité SEP tiene nueve integrantes designados por el Ejecutivo, a través del Presidente de la República, ministerios y la Corfo, cuyos cargos duran cuatro años. El proyecto mantiene el número de integrantes, pero en dos categorías. La primera, con cinco consejeros nombrados por el Primer Mandatario, por dos años renovables en sus cargos: el titular del SEP y otros cuatro, que saldrán de igual número de ternas propuestas por el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP).

La segunda categoría apunta a los cuatro consejeros restantes, propuestos por el Presidente de la República, pero ratificados por el Senado, en un esquema similar al que se usa para el consejo del Banco Central. Si bien también durarán cuatro años, tendrán un ingreso escalonado cada dos años, de modo de asegurar que, no obstante el cambio de gobierno, al menos dos consejeros nombrados durante el gobierno anterior permanecerán en sus cargos por dos años bajo la siguiente administración. Con esa lógica, se espera que también esto permee los directorios de las estatales sobre las que tiene tutela.

Cambio en dietas

Cruzat opina que el paso por el Congreso dará mayor certeza de autonomía política a la mesa del SEP, pero también, que eso y el ingreso escalonado de los cuatro directores autónomos "permite cierta garantía de continuidad al trabajo del SEP, a sus empresas públicas, hacia los directorios y su administración. Esta ley le dará otra estatura al Sistema de Empresas Públicas", sostiene el ejecutivo.

Como lo anterior implica más responsabilidades para los directivos, similares a los de la Ley de Sociedades Anónimas, el proyecto también establece un cambio en las dietas. Mientras el presidente tendrá una remuneración fija igual a la de un subsecretario, los consejeros del SEP tendrán una dieta bruta mensual de hasta 50 UTM (del orden de $ 2.100.000), de acuerdo con su asistencia a los consejos y comités.

Para los directores de las empresas SEP se establece que será el consejo el que fije sus dietas. Cruzat explica que la propuesta legal no fija los montos para las remuneraciones, porque eso dependerá del tipo de empresa y de los riesgos asociados a la gestión y negocio que deberán asumir los directores de cada firma. Esto, porque -con la ley en marcha- estarán expuestos a responder con su patrimonio en casos de irregularidades e ilícitos financieros, como ocurrió, por ejemplo, con EFE durante administraciones pasadas. Por eso, el proyecto sí señala que esas dietas deben ser competitivas y de mercado.

El titular del SEP estima que dietas de ese nivel están entre las 100 y 130 UF (del orden de $ 2.300.000 y $ 3.010.000) mensuales.