Otra medición fallida: gobierno recomienda no usar datos de Encuesta de Protección Social

La atención estaba puesta en los problemas del censo y los cuestionamientos a la Casen 2011, cuando en 2012 otro instrumento estadístico fiscal comenzó a incubar un conflicto.

Se trata de la Encuesta de Protección Social (EPS), cuyos resultados sirven de insumo para la elaboración de políticas públicas sobre seguridad social, especialmente en materia de pensiones. Desde 2002, la medición ha estudiado al mismo grupo de personas a lo largo de cinco ediciones, convirtiéndose así en la primera y mayor encuesta-panel del país. Tiene una muestra de casi 20 mil personas a nivel nacional, la que incluye tanto a trabajadores como a pensionados. Al recopilar información sobre la población afiliada al sistema de pensiones, especialistas afirman que el mayor aporte de la EPS se ha dado en esta área. De hecho, recuerdan que fue una de las primeras fuentes de información sobre densidad de cotizaciones. Los antecedentes que reporta también sirvieron como base para la reforma previsional de 2008, del primer gobierno de Michelle Bachelet. Y aunque inicialmente la aplicación de la EPS era bianual, en 2008 se postergó hasta abril de 2009, para monitorear con mayor exactitud los efectos de la reforma. Por eso, la medición 2012, o quinta ronda, era clave.

Hoy, cuatro años después, la Subsecretaría de Previsión Social decidió publicar las bases de datos de la EPS 2012, que recibió en 2014 del gobierno anterior. Para sorpresa de los conocedores de la medición, cuyos resultados esperaban desde 2013, esta vez no hubo una presentación oficial ni informes comparables con las ediciones anteriores. ¿La razón? "Esta ronda de la EPS no fue un producto logrado y, por lo mismo, no debe utilizarse con fines de inferencia estadística, como tampoco en el diseño de políticas públicas", alertó la institución a través de un documento recientemente emitido.

Así, nuevamente la institucionalidad estadística se vio salpicada por debilidades técnicas que derivaron en que una encuesta que se realizaba en promedio cada dos años y cuyo costo bordeaba los $ 452.698.000 -equivalente a casi seis veces el presupuesto para este año del centro de salud de Aysén- terminara declarada inutilizable.

Las cuatro primeras EPS fueron levantadas por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. En 2012, este trabajo fue adjudicado a la Universidad Alberto Hurtado y, dado que los productos finales no cumplieron con las exigencias técnicas establecidas por contrato, el Fisco cobró los $ 67.904.700 que la casa de estudios había dejado en garantía y rebajó $ 72.256.740. Por ende, el pago final fue de $ 312.536.560.

Tras las falencias técnicas cometidas, el gobierno aplicó cambios que se materializarán en la versión que este año estará a cargo del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC.