Padres rechazan acatar fallo de Corte Suprema que los obliga a vacunar a su hijo

"Se dispone que de forma inmediata se apliquen al menor M. M. H. F. las vacunas que, atendida su edad, tengan el carácter de obligatorias". Así dictaminó la Corte Suprema la semana pasada, luego de analizar el requerimiento presentado por el Hospital de Osorno para inocular al pequeño de cinco meses.

El caso se remonta a octubre del año pasado, cuando el menor nació y sus padres, el garzón, Héctor Higueras y la dueña de casa, Yesenia Farías, rechazaron la vacuna BCG (Bacillus CalmetteGuérin), que protege contra la tuberculosis.

Esto motivó la presentación de un recurso de protección, el que fue reforzado por el recinto asistencial a fines de febrero pasado, cuando el menor debió ser hospitalizado en el Servicio de Pediatría con diagnóstico de coqueluche y "con antecedente de no haber recibido ninguna vacuna, teniendo en consideración que dicha patología es prevenible con las vacunas obligatorias de dos y cuatro meses", observa el dictamen, que concluye con la decisión de aplicar al pequeño todas las vacunas reglamentarias, con el objetivo de "resguardar la vida del amparado".

El padre del pequeño sostiene que comprende el espíritu del fallo, pero que, junto a su pareja, no lo comparten ni desean darle cumplimiento. "Entiendo que el Estado intenta tener un rol de protección de los menores de nuestro país, pero a mi eso no me garantiza que el Estado va a cuidar a mi hijo mejor que yo", dice Héctor Higeras.

Añade que la razón de fondo en su negativa está en estudios y documentos que, afirma, vinculan a la vacuna con efectos dañinos en la salud de los niños y enfermedades cognitivas."Nosotros no queremos vacunarlo para no exponerlo a enfermedades neurológicas, por los contenidos de timerosal y otros químicos nocivos para los niños. Hay estudios que han demostrado que los niños pueden sufrir problemas de lenguaje o défict de atención", dice Higueras.

El padre del pequeño sostiene, además, que su decision está amparada en la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes. "Esta norma establece el derecho que tenemos para elegir los tratamientos que estimemos convenientes para nuestro hijo y el derecho a rechazar los que creamos que pueden ser dañinos para él", añade.

Grupos antivacunas

El jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, Fernando Muñoz, planteó que el año pasado fueron cuatro los casos en que servicios de salud u hospitales recurrieron a la justicia para lograr la vacunación de lactantes."Hay papás que creen que las vacunas son nocivas para sus hijos y nosotros no podemos ser más explícitos en señalar que no producen daño, al contrario, los protegen", explicó Muñoz, quien agregó que grupos conocidos como antivacunas plantean que todas las inyecciones tienen un alto contenido de timerosal y que puede enfermar a los menores. "En el programa hay sólo una que contiene eventualmente trazas. Todas las demás son libres de timerosal", sostuvo.

Respecto del caso de Osorno, Muñoz dijo que el hospital obró correctamente al recurrir de protección en favor del lactante: "El niño a los cuatro meses fue hospitalizado por tos convulsiva, cuando a esa edad debía tener dos dosis puestas, es decir, esa enfermedad quizás podría haberse evitado".

Cumplimiento del fallo

La seremi de Salud de Los Lagos, Eugenia Schnake, planteó que en los próximos días los equipos de salud del Osorno tomarán contacto con los padres del menor, para dar cumplimiento al dictamen e iniciar la serie de inoculaciones. "Lo ideal es que los padres recapaciten para que el niño sea vacunado. Se estpan revisando los antecedentes para ver qué medidas tomar, pero yo apelaría a que los padres del niño entiendan que esto es para protegerlo", indicó Schnake.

Muñoz planteó que se buscará que los padres "entren en razón", porque "esto se puede hacer con fuerza pública, pero nosotros no queremos vacunar a nadie por la fuerza".

Higueras, por su parte, planteó que evalúa las acciones a seguir; entre éstas, recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH). "Nos tienen que notificar, porque no lo han hecho y, si vienen con la fuerza pública y nosotros estuviéramos acá, nos vamos a negar rotundamente, porque sabemos que tenemos amparo legal", manifestó.