PDI indaga robos y falsificaciones de escrituras públicas en Archivo Judicial
<P>A través del uso de químicos se habrían imitado compraventas, contratos de arrendamiento y un testamento. </P>
Una posible red de falsificadores de escrituras públicas en el Archivo Judicial de Santiago es investigada por la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI. Esto, luego de que el archivero (S) de Santiago, Francisco Leiva, interpusiera durante julio y agosto de 2013, ante la Fiscalía Centro Norte, cinco denuncias sobre "inserción maliciosa en los protocolos de escrituras públicas", donde se habrían falsificado compraventas, contratos de arrendamiento, un mandato y un testamento. Además, denunció otros 15 casos de sustracción de estos documentos.
Según el subcomisario de la PDI Angel Barros, "desde los protocolos se estarían sacando contratos que luego modificarían". En esta etapa de la investigación, de acuerdo a Barros, se está tratando de identificar a los cabecillas, quienes "cuentan con información demasiado específica sobre el dominio de propiedades. Encuentran bienes raíces los cuales no se están ocupando o donde murieron los dueños".
Según detalla, en uno de los casos registrados este año, el 22 de mayo se detuvo a una persona que estaba haciendo uso de una identidad falsa, quien llevaba meses solicitando libros en el mesón del archivo. El sujeto, de acuerdo al subcomisario, "sería el brazo ejecutor de una organización criminal que se dedica exclusivamente a la falsificación de escrituras públicas".
Barros añade que "cuando le hicimos el control de identidad, le encontramos una llave de casillero de un supermercado continuo al archivo, donde se le encontraron hojas originales ya extractadas, elementos de cortes y una especie de agenda que aún está en análisis respecto de propiedades, años de inscripciones y bienes raíces sin herederos". Además, sostiene que "se le encontraron timbres adulterados de notarios que ya están muertos, tinta y un papel oficio que estaba envejecido químicamente, según peritajes de Lacrim".
El proceso consta en blanquear un documento en base a acetona y otros químicos que hacen que la tinta desaparezca y vuelven a escribir con similares características a la escritura original con nuevos nombres que se adjudican la propiedad.
Otro caso detectado fue la falsificación de un testamento -fechado en 1981- también mediante químicos. Además, existe el caso de un testamento realizado el 20 de octubre de 2003, que fue cambiado a un mandato especial a nombre de una empresa.
Sumario y nueva unidad
De acuerdo a un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago del 2 de noviembre de este año, a raíz de un sumario administrativo al interior del archivo, Francisco Leiva da a conocer a la fiscal a cargo del caso, Clara Carrasco, "una serie de irregularidades en el manejo y control de los protocolos notariales". Además, informa del "extravío de protocolos e índices de sustracción de escrituras públicas, la inserción maliciosa de escrituras falsas, especialmente en materia de mandatos y compraventas (...) y la existencia de certificaciones falsas donde se ha imitado su firma y timbre".
A solicitud del archivero judicial de Santiago se creó en noviembre pasado un Departamento Antifraudes al interior de Archivo Judicial.
Con esta nueva unidad, señaló Leiva a La Tercera, "se logra contrastar los documentos digitalizados con las matrices insertas en los protocolos, verificando su autenticidad mediante un análisis documentológico".
El sumario contó con la declaración de 12 funcionarios del archivo. Entre ellas, la de Alexis Muñoz, jefe de mesón, quien trabaja allí desde 1995. "Siempre he sabido que existían mafias que operaban en el archivo. Hemos hecho arrestos ciudadanos a personas que han sacado del mesón escrituras e índices", dice. Añade que "hice la denuncia a la PDI, pero inmediatamente quedó libre. Me encuentro con estas personas en la calle y me produce inseguridad, pues nosotros cumplimos con nuestro deber".
La fiscal Carrasco descartó la participación de funcionarios actuales del archivo en los hechos.
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