Peña Nieto logra aprobar reforma fiscal con apoyo de izquierda

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, logró que la Cámara de Diputados apruebe una reforma fiscal que aumenta los impuestos a los que más ganan, impide mecanismos que eran usados por las grandes empresas para pagar menos y castiga a las bebidas, así como a otros alimentos calóricos, con un gravamen que supuestamente pretende abatir el problema de obesidad que padece el país. El mandatario logró aprobar esta ley, que enfrentó la oposición del conservador Partido Acción Nacional, gracias a la alianza entre su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Cuando el pasado 9 de septiembre el presidente presentó su paquete de propuestas, calificó a éste como una "reforma social". Esa es una de las ideas que ha querido reivindicar durante el debate el PRD para justificar su alianza con el PRI gubernamental. Los diputados perredistas defendieron algunos cambios, como la decisión de no aplicar finalmente el IVA a la renta de casas. También se atribuyeron el logro de que el alza del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para ingresos de más de 500.000 pesos (unos US$ 38.000) -inicialmente prevista del actual 30% al 32% - sea finalmente progresiva y llegue hasta el 35% para las personas que ingresen más de tres millones de pesos anuales.

Entre las propuestas iniciales de Peña Nieto, también fue aprobada la desaparición del régimen de consolidación fiscal para las empresas, así como el fin del Impuesto Empresarial a Tasa Unica (Ietu). Se mantiene, en cambio, la creación de un impuesto verde, aunque el petróleo crudo y el gas natural han quedado exentos.

Las propuestas del borrador inicial que se quedaron en el camino supondrán un ingreso de 55.700 millones de pesos (unos US$ 4.300 millones) menos de los previstos inicialmente, según explicó el secretario de Hacienda, Luis Videgaray. En su presentación, el presidente Peña Nieto anunció que con la reforma, el incremento de la recaudación para 2014 supondría 1,4% del PIB. y de un 3% para 2018.

La modificación permitirá que las nóminas de los profesores - ahora al cargo de los estados- pasen a manos del gobierno federal. Esa modificación también da el visto bueno a destinar más recursos federales al Distrito Federal, vista como la llave de cambio con la que el PRI consiguió el apoyo de la izquierda para sacar adelante su reforma fiscal.