Pensiones en la mira

En las oficinas del Consejo de Defensa del Estado, los antecedentes de 300 beneficiarios de una pensión de gracia del gobierno son revisados por instrucciones del Ministerio del Interior.

La idea es que se realice un proceso más exhaustivo en la asignación del subsidio presidencial que se imputa al ítem presupuestario "Jubilaciones, Pensiones y Montepíos", el que sólo este año contempla más de $ 42 mil millones en recursos, y que -hasta ahora- ha sido de estricto uso discrecional de las máximas autoridades.

El artículo 6° de la Ley 18.056 es el que genera más dudas sobre cómo se asignan estos fondos. Un Presidente de la República tiene libertad para otorgar pensiones de gracia, aunque el eventual favorecido no reúna las exigencias previstas en la misma ley.

Reportajes realizó una revisión de las nóminas de beneficiarios que hoy reciben pensiones según datos de Tesorería.

Varios de los escogidos por los gobiernos anteriores y que hoy alcanzan pensiones que llegan -en algunos casos- a superar el millón de pesos no clasificarían en la actualidad como candidatos al subsidio que -según sostienen las autoridades encargadas- hoy exige mayores antecedentes de vulnerabilidad económica, informes tributarios para garantizar la ausencia de ingresos laborales o detallados certificados médicos para la adjudicación del beneficio.

La amplia gama de elegidos

En los orígenes del fondo presidencial -que data de 1836- eran las viudas, hijos y otros familiares de autoridades públicas, civiles y militares, los principales favorecidos de las pensiones de gracia. A ellos se sumó luego la costumbre de que los partidos políticos solicitaran pensiones para militantes de sus filas. Pero fue en 1980 que se hizo una facultad privativa del Presidente la decisión de otorgar fondos públicos a personas que hayan realizado actos meritorios en beneficio del país, a víctimas de catástrofes, ciudadanos con graves problemas de salud o aquellos que justificaran una situación particularmente grave, de acuerdo a los criterios del gobierno.

Según pudo constatar Reportajes, entre los beneficiarios vigentes, la sintonía política entre la administración de turno con muchos de los favorecidos es transversal y común a lo largo de distintos gobiernos. Así también ocurre con los afectados por desgracias familiares o de salud que cuentan con un reconocimiento económico especial de la Presidencia.

Ejemplo de ello es la pensión mensual que asignó en 1970 el Presidente Eduardo Frei Montalva a María Angélica Castro, viuda de Hernán Mery, funcionario del gobierno que fue asesinado, y por lo que se concedió a ella y a sus hijos una pensión equivalente a ocho sueldos mínimos mensuales.

Caso similar es la decisión de la Junta Militar en 1983 en favor de Cecilia Sommerhoff, viuda del ex ministro Miguel Kast y madre del diputado Felipe Kast, quien -según un decreto- recibe un aporte cercano a los $ 600 mil cada mes.

En los gobiernos de la Concertación también se extendieron pensiones de gracia a algunas de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o familiares de quienes hayan padecido violencia política durante el régimen militar.

Tal es el caso de las pensiones adjudicadas a Estela Ortiz ($ 362 mil), Carmen Gloria Quintana ($ 932 mil), Marianne Pascal -sobrina de Salvador Allende- ($ 932 mil) y a la hija del ex Presidente, Carmen Paz Allende ($ 621 mil), quienes figuran en las nóminas de actuales beneficiados.

A ellas se suman esposas de mártires de bomberos, víctimas de ataques políticos, familiares de funcionarios muertos en servicio, entre otros ciudadanos heridos en accidentes de alta notoriedad pública.

Pero el uso de las pensiones de gracia para morigerar paros gremiales y como reconocimiento a dirigentes sociales son otras de las razones por las cuales se han comprometido históricamente estos recursos.

Así, durante el gobierno de Ricardo Lagos se entregaron pensiones de gracia a dirigentes del Alto Biobío, mientras durante los gobiernos de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet se decretaron cientos de pensiones de gracia a ex mineros de la cuenca del carbón, a trabajadores portuarios, entre otros grupos gremiales.

En cuanto a la adjudicación de pensiones de gracia como medidas de reparación, un caso emblemático es el decreto del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle para tres jóvenes que fueron encarcelados por error durante cinco años.

Otro caso, aún más conocido, es la entrega de pensiones de gracia a los 33 mineros rescatados de la mina San José, cada uno de los cuales percibe $ 337 mil mensuales.

El registro de pensiones vigentes también se extiende a deportistas -como varios de los jugadores de la selección chilena de fútbol del año 62 y ex integrantes del denominado "Ballet Azul"- , a reconocidos en el mundo de la actuación -como actores y actrices beneficiados por Bachelet en los últimos días de su primer gobierno- y otros músicos reconocidos, como Vicente Bianchi ($ 777 mil) y el cantante Peter Rock ($ 466 mil), uno de los últimos favorecidos, dado su grave estado de salud y difícil situación económica en la actualidad.

Consultados por Reportajes, en la Subsecretaría del Interior explicaron que la comisión que revisa actualmente cada solicitud ha buscado fortalecer los criterios para medir vulnerabilidad económica y otros instrumentos de evaluación de los candidatos.

"Hicimos una revisión de las pensiones otorgadas y nos dimos cuenta de que había gente que tenía vigencia laboral o su estado de salud no era precario. Así advertimos que estábamos otorgando este beneficio a gente que podía tener una sobrevida económica sin ningún problema y, por lo tanto, estábamos perdiendo el sentido del beneficio", explicó Manuel Fierro, jefe del Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior.