Posición coherente del gobierno frente al régimen cubano

El gobierno ha decidido asumir una actitud firme de protesta ante la situación de los derechos humanos en Cuba, que lo diferencia de sus antecesores y que resulta consistente con los valores democráticos que Chile debe respetar y promover.

Ayer, el Presidente Sebastián Piñera, tras reunirse con un grupo de senadores de la Democracia Cristiana, reiteró lo que ya había sostenido como candidato y como gobernante electo, en el sentido de condenar la represión a los disidentes del régimen cubano. Este mantiene encarceladas a cerca de 200 personas, en deplorables condiciones de reclusión, por el solo hecho de sustentar una opinión disidente a la oficial.

Una situación que se arrastra por largo tiempo, pero que ha estado ahora último más en la mira de la opinión pública internacional a raíz del fallecimiento del preso político  Orlando Zapata -como consecuencia de una huelga de hambre-, así como de una protesta similar que mantiene el  disidente Guillermo Fariñas.

"La posición del gobierno de Chile es que la defensa de la democracia, de los derechos humanos y de las libertades individuales en el siglo XXI son no solamente un derecho en un país como Chile, sino que también una obligación. Por eso quiero reiterar nuestra más enérgica condena a las circunstancias en que murió un preso de conciencia en Cuba (...) y también expresar nuestra profunda preocupación por la situación que afecta a otro disidente", dijo el Mandatario ayer.

Las palabras del Jefe de Estado son oportunas, ya que la expectativa de cambios sustanciales al régimen que despertó Raúl Castro hace dos años, cuando recibió el gobierno de manos de su hermano Fidel, han sido defraudadas.  Los cubanos siguen viviendo en un régimen de ausencia o severa restricción de los garantías mínimas requeridas en un estado de derecho, en la forma como se lo concibe en el mundo actual.

Además, su población se encuentra sometida a un sistema económico que niega espacios a la creatividad y la iniciativa de las personas. Por todo ello, Cuba es el único Estado calificado hoy como no democrático en la región.

Los casos de Zapata y Fariñas han llevado a que aumenten las voces que, a nivel internacional, condenan los abusos del gobierno cubano, su resistencia al cambio y su afán de perpetuarse en el poder. Así ocurrió con una reciente declaración del Parlamento Europeo y también con sendos proyectos de acuerdo en la Cámara y el Senado chilenos. Asimismo, y de manera más reveladora, con actores tradicionalmente cercanos al régimen castrista, como un grupo de artistas e intelectuales que la semana pasada adhirió al manifiesto "Yo acuso a Cuba". Incluso, el cantautor cubano Pablo Milanés criticó duramente a los Castro a propósito de la situación de los dos disidentes mencionados.

Más significativo aun es el caso de la directiva y los diputados del Partido Socialista chileno, que emitieron sendas declaraciones condenando la falta de respeto por los DD.HH. en la isla, lo que constituye un giro radical respecto de su tradicional postura de no referirse a ese tema o, incluso, de justificar esa situación en factores exógenos a Cuba, como el embargo norteamericano vigente hace décadas (posición que aún mantiene el Partido Comunista de Chile).

Este cambio de postura es encomiable, pues corrige lo que era una evidente contradicción en quienes condenaron las violaciones a los DD.HH. durante el régimen militar en Chile, pero habían guardado silencio, o incluso justificado, aquellas cometidas por el gobierno cubano. Ya fuera por razones ideológicas o por cierta nostalgia de los ideales que inspiraron la revolución cubana.

Chile es un país democrático y por ello está en su interés defender y promover los valores de la democracia y los derechos humanos, especialmente en la región en la que está inserto. Esto no supone arrogarse una autoridad moral superior, sino ser coherente con los principios que sustentan su sistema político y su convivencia social.