Postergación de reforma educacional

EL MINISTERIO de Educación volvió a sorprender con el anuncio de que el envío del proyecto de reforma a la educación superior será nuevamente postergado. El Ejecutivo, por instrucción presidencial, se había fijado como meta este mes, pero la imposibilidad de dar con una iniciativa coherente y razonablemente consensuada llevó a desestimar esta idea.

Esta ley, que entre otras materias debería regular la gratuidad -que a partir de este año se implementó mediante una glosa presupuestaria pero solo para los quintiles más vulnerables, y discriminando entre universidades y establecimientos técnicos-, se ha caracterizado por la constante improvisación y su marcado sesgo ideológico en favor de una estatización de la educación. La insistencia del Gobierno por agilizar el envío del proyecto sin tener demasiada claridad ha provocado una serie de bochornosos tropiezos. Esta postergación, por tanto, es razonable, porque debería permitir tener una discusión más reposada que permita aquilatar mejor los efectos de una ley que, tal como ha sido esbozada, causará grave daño al sistema de educación superior.

La etapa de diálogo que pretende abrir el Ministerio debe ser aprovechada para corregir profundamente la orientación de esta iniciativa. Los borradores que han circulado muestran que el objetivo del Gobierno es establecer un sistema único de admisión, que condicione la entrega de fondos públicos a la existencia de una suerte de triestamentalidad y al cumplimiento de objetivos tan difusos como la “promoción de los derechos humanos”, limitando el valor de los aranceles al monto que determine el Estado. Un marco normativo de esta naturaleza condicionaría gravemente la autonomía universitaria, lo que llevará a un detrimento de la calidad, con universidades cada vez más “planas” y sin tener como eje primordial la excelencia académica.