Preparación adecuada para enfrentar desastres naturales

HOY SE cumplen tres años del terremoto de 8,8 grados Richter que asoló al país en la madrugada del 27 de febrero de 2010 y del subsiguiente maremoto. La débil respuesta frente al tsunami supuso un fracaso del Estado y terminó siendo factor fundamental en la pérdida de numerosas vidas humanas. Los órganos estatales fueron incapaces de detectar o suponer la amenaza y de poner en operación los protocolos previstos para recabar información, adoptar determinaciones y transmitirlas y ponerlas en ejecución, al tiempo que las comunicaciones evidenciaron un colapso total.

En definitiva, frente a la catástrofe imperó la confusión y la parálisis. A ello se debe sumar el yerro en que incurrieron las autoridades al descartar sin más el riesgo de tsunami, contrariando la regla prudencial que indica que si es difícil o imposible a las personas mantenerse erguidas durante un sismo, como fue sin duda el caso, existe una probabilidad significativa que le siga un maremoto en las zonas costeras. Por precaución se debió disponer la evacuación a zonas altas, lo que no se hizo porque al parecer nadie estuvo dispuesto a asumir el riesgo de verse expuesto a críticas si después el fenómeno no se presentaba. A continuación, la demora en movilizar las fuerzas militares a las zonas amagadas generó en ellas caos y angustias que pudieron sortearse.

La situación dejó en evidencia las fallas de un sistema incapaz de hacer frente a las emergencias, algo incomprensible cuando se recuerda que Chile sufre periódicamente desastres naturales de diverso tipo y considerando, además, el nivel de desarrollo que han alcanzado nuestras instituciones, que son habitualmente mencionadas como un factor que distingue al país. De esta manera, generar a la brevedad capacidades para prevenir los peores efectos y responder con presteza a los desastres naturales debe ser una prioridad de las políticas públicas, pues hechos como los reseñados no debieran repetirse jamás.

En ese sentido, la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) ha fortalecido su actuar y organización interna, habiendo demostrado capacidad de acción y respuesta en los eventos que han sucedido recientemente. Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa) ha hecho lo propio, potenciando la red de mareógrafos y equipamiento de comunicaciones, como sus protocolos de operación interna y de coordinación con las demás entidades que están llamadas a actuar en desastres.

El gobierno detectó una insuficiencia en la institucionalidad y en las normas legales existentes para hacer frente a las emergencias, por lo cual envió hace dos años al Congreso un proyecto de ley que crea el sistema nacional de emergencia y protección civil, para integrar las instancias de decisión técnicas y ciudadanas en la prevención, y la Agencia Nacional de Protección Civil -que remplazaría a la Onemi-, entidad que estará dotada de las atribuciones y medios necesarios para actuar de modo más eficaz. Este proyecto ha tenido un avance lento en la Cámara de Diputados y sería lamentable que ello constituya un indicio de que se repite la tendencia a relegar al olvido la solución a problemas graves cuando éstos pierden actualidad. Enfrentar los desastres requiere también de un cambio cultural en este sentido.