Propuesta para disminuir la tenencia de armas de fuego

EL GOBIERNO está evaluando enviar al Congreso un proyecto de ley para incentivar que las personas entreguen a las autoridades las armas de fuego que tengan en su poder. Para concretar ese propósito, la iniciativa contempla un pago en dinero, monto que podría variar entre los $ 100 mil y $ 300 mil, dependiendo del tipo de armamento. Con esta propuesta -de la cual el Ejecutivo entregó sólo algunos  rasgos generales- se pretende impedir que éstas caigan en manos de los delincuentes.

Actualmente, en Chile son poco más de 755 mil las armas de fuego que están legalmente inscritas. Sin embargo, se estima que existe un número importante de ellas circulando sin estar registradas, y que sería fuente principal de las usadas en la comisión de delitos. Esta propuesta es una fórmula que no se debe descartar a priori como alternativa para combatir el crimen, pero es dudoso que tenga efectos  muy significativos y por ello cabe estudiarla con detención.Un primer aspecto a discutir es la efectividad de esta medida. En Chile la tenencia de armas ha estado históricamente restringida, ya que la legislación sanciona severamente la tenencia de armas no registradas y el porte cuando esto no ha sido debidamente autorizado, lo que en la práctica ha significado que en Chile no exista la presencia generalizada de armas como en otros países de Latinoamérica. Sin embargo, es difícil que una medida de este tipo reduzca el armamento en poder de los delincuentes, ya que para éstos su posesión vale más que los montos ofrecidos. Por ello, es muy probable que se logre un efecto positivo, aunque marginal.

Proyectar resultados  favorables comos los  obtenidos por otros países que aplicaron esta medida, como Estados Unidos, Brasil y Argentina, es discutible, pues lo cierto es que cada nación presenta realidades distintas y que no son comparables. Por su parte, es necesario tener presente que esas mismas experiencias muestran un potencial inconveniente: que los poseedores de armas que hayan intervenido en un delito se deshagan de ellas entregándolas a la autoridad, aprovechando que este tipo de políticas requieren efectivamente que se asegure el anonimato para ser útiles. De esta manera, una política oficial estaría afectando la posibilidad de hacer justicia en ciertos casos.

A su vez, la iniciativa no debiese conducir a que el válido interés del Estado por evitar la tenencia de armas por parte de los delincuentes importe estigmatizar el ejercicio de la legítima defensa; derecho de todos los ciudadanos. Contar legalmente con un arma forma parte de tal ejercicio, por  lo tanto, si una persona cumple con todos los requisitos que establece la ley para adquirir una, esa potestad no puede ser inhibida arbitrariamente.

Finalmente, el problema parece radicar, en buena medida, en las armas de fuego no inscritas, muchas de ellas de origen “hechizo”, que acertadamente no están  contempladas en la propuesta, porque ello se prestaría para el  montaje de una rápida industria para la producción de tales artefactos con el fin de venderlos a la autoridad. Entonces, este tipo de armas difícilmente podrán ser sacadas de circulación, y así la medida aparece como desfocalizada a su respecto. Por consiguiente, cabría estudiar si el esfuerzo económico vale la pena, por cuanto sus resultados pueden ser de alcance muy limitado, lo que justificaría más bien utilizar esos recursos  en otras iniciativas sociales que resulten más rentables en reducir la motivación para delinquir y en prevenir la comisión de delitos.