Protesta en Calama y respuesta del gobierno

EL MARTES tuvo lugar la anunciada jornada de protesta en Calama, que no logró la alta convocatoria de eventos similares realizados el año pasado y que transcurrió sin incidentes. Diversas opiniones apuntan a que en ello tuvo un efecto el anuncio del gobierno de que creará el fondo para las regiones mineras (Fondenor), cuyo alcance exacto no se ha precisado.

Es destacable la actitud de los habitantes de la ciudad nortina, no sólo porque se manifestaron en forma pacífica, sino también porque aquellos que se restaron de la jornada pusieron de manifiesto que su verdadero objetivo es obtener solución a los problemas que les aquejan, dando una oportunidad al anuncio gubernamental de medidas concretas para atenderlos e implícitamente comprendiendo que la exigencia de entregar un 5% de los tributos de las empresas mineras de la región es exagerada y carente de realismo. Más aún, los manifestantes rechazaron el protagonismo que pretendían dirigentes comunistas del ámbito sindical y estudiantil, relegándolos a un segundo plano en la manifestación e impidiendo que la instrumentalizaran.

La exigencia de dejar en la región un 5% de la tributación minera, con el argumento de que los recursos minerales están en ella y que de alguna forma le pertenecen, no tiene asidero ni es viable. Desde luego, porque los recursos naturales, si se quiere plantear alguna categoría de dominio ciudadano, pertenecen a todos los chilenos y el rendimiento tributario de las rentas producto de su explotación debe ingresar por mandato constitucional a arcas generales de la nación. Esto se justifica porque desde una perspectiva de la buena gestión, entregar cantidades aseguradas y sin relación a las necesidades pudiera generar sobreinversión en algunas regiones, mientras en otras pudieran permanecer requerimientos prioritarios sin solución por falta de financiamiento.

En lo anterior juega un papel decisivo el gobierno central, que debe establecer mecanismos eficientes y objetivos que garanticen la detección oportuna de las necesidades y su pronta evaluación, para asignar los fondos para atender a las que resulten prioritarias. La realidad actual indica que no es posible prescindir de los gobiernos locales en la definición de las demandas y las soluciones. Así, el reclamo de los habitantes de Calama por los costos del cierre del campamento de Chuquicamata parece ser fundado. En efecto, al cerrarse el campamento, cuya mantención la solventaba Codelco, por una decisión de gestión que no es objetable, miles de personas que vivían en él se radicaron en dicha ciudad, provocando una demanda habitacional, de inversión pública y servicios que no ha sido cubierta, al no haberse destinado los fondos públicos correlativos a la decisión que tomó la cuprífera estatal. Es razonable que estos requerimientos sean evaluados y solventados, pero más allá de eso, debieran afinarse políticas públicas que sean capaces de divisar estos efectos y responder a éstos, antes que la ciudadanía sea vea en la necesidad de protestar.

El gobierno ha reaccionado ante las demandas de Calama anunciando medidas que revelan la voluntad de escuchar a la ciudadanía y entregar soluciones, pero sin ceder a presiones indebidas. Como respuesta, la ciudadanía parece reconocer el esfuerzo, sin dejarse utilizar por dirigentes que buscan la confrontación más que resolver los problemas.