Proyecto de rebaja de contribuciones

EL PROYECTO de ley que el Ministerio de Hacienda enviará para rebajar el pago de contribuciones de bienes raíces a adultos mayores resulta inconveniente, porque introduce distorsiones dentro del sistema tributario y evita abordar una discusión más de fondo sobre la pertinencia de la forma en que hoy se cobra dicho gravamen, pues en los hechos ha pasado a ser un impuesto sobre el patrimonio, lo que se aleja de su finalidad.

La justificación para impulsar esta iniciativa ha sido, sobre todo, entregar un beneficio concreto a adultos mayores que no posean altos ingresos. El proyecto busca fijar un tope en el pago de contribuciones, siempre y cuando sus beneficiarios  -que se estiman en unas 35 mil personas- se encuentren exentos del pago de impuesto a la renta y el valor de la vivienda no exceda de $ 100 millones. No se ve una razón plausible para establecer privilegios entre la población, pues existe el riesgo de que otros grupos, recurriendo al mismo argumento, reclamen para sí ventajas que, además de arbitrarias, pueden implicar un significativo costo fiscal. La urgencia con que se busca su aprobación es llamativa, lo que parece coincidir con el hecho de que a partir de enero aumentará el valor de las contribuciones.

El llamado impuesto territorial tiene por finalidad primordial recaudar fondos para financiar una serie de servicios que se prestan a nivel municipal; sin embargo, dado que su monto se calcula en función del avalúo de la propiedad -valor que lo determina el Servicio de Impuestos Internos sobre la base de una serie de parámetros de muy difícil reclamación por parte del contribuyente-, las contribuciones son en la práctica un impuesto sobre el patrimonio, lo que es contrario a la lógica tributaria. Habría sido un aporte mucho más significativo haber perfeccionado este gravamen para ajustar su cobro según los servicios que se prestan en la comuna, pero lamentablemente no forma parte de ninguna de las propuestas presidenciales.