Qué es público y qué es privado

ENTRE las muchas confusiones a que a diario se nos expone está la que equivoca, no por error o ignorancia sino a propósito, lo público y privado, dando a entender que ya nada los distingue. Leía el otro día un mensaje en Twitter en que el usuario exponía no sé qué gran idea genial de interés general, a la vez que nos decía que se encontraba en ese preciso momento haciendo, al parecer sin estreñimiento alguno, sus necesidades fisiológicas más íntimas. Aunque no soy de los que se ofenden con facilidad, encontré su ejercicio combinado, intestinal y locuaz (aunque fuese sólo en 140 caracteres), repugnante.
El mismo efecto se produce cuando se divulga lo que antes nuestros abuelos, púdicos aunque no cándidos, llamaban secretos de alcoba; temas que, ahora que somos menos comedidos, caen en las categorías de transparencia o de derecho a estar debidamente informado. Ambos, obvio que eufemismos, porque lo que está detrás en estos casos es cómo hacer de la lubricidad un negocio redondo, que siempre lo es.
Si lo anterior no se presta para dudas, qué pasa, sin embargo, cuando se trata de otras líneas de negocio. Cuando, por ejemplo, se afirma que las escuelas privadas o subvencionadas, también las universidades no públicas, todas ellas ejercerían una función "pública", cual es educar. Aun admitiendo que la línea aquí puede ser menos evidente, ¿no se querrá, a menudo, también confundir deliberadamente invocando semejante argumento? Si nuestra legislación fuese más clara, explicitando qué es y no es lucro, o bien, exigiendo que se cumpla la limitación de no perseguir utilidades comerciales (como se ordena, pero no se cumple en el caso de las universidades), el asunto sería fácil de dirimir. Pero, no, el problema se produce porque, de hecho, la ley y su ejecución son de adrede vagas y, así, todo queda en manos de astutos abogados. Es más, habiendo cuantiosas platas del Estado dando vueltas o sin gastar, atribuirse la calidad de entidad "pública" es un excelente negocio.
Por cierto, no se me escapa que las instituciones públicas, no sólo las privadas, abusan de esta equivocación, de esta nebulosa creciente en cuanto a qué es y no es público o privado. El rector de la Universidad de Chile acumula dos fallos en su contra, del Consejo para la Transparencia y de la Corte de Apelaciones de Santiago, ordenándole que publicite la remuneración de su personal, cuestión a la que se resiste. Y esto esgrimiendo una serie de argumentos peregrinos: que la Universidad de Chile no sería un servicio público, que se financiaría con una fracción de platas directas del Estado, y que de llegarse a divulgar dicha información se le impediría competir en igualdad de condiciones en el mercado con sus rivales privadas. Conste que es el mismo plantel que rasga vestiduras al exigir un "Nuevo Trato" y otras ventajas.
Por lo visto, es cierto casuismo utilitarista y aprovechador lo que manda. Si se trata de conseguir platas del Estado, entonces todos son "públicos". Cuando, en cambio, se evita cualquier fiscalización, ahí entonces se es "privado" o "autónomo", otro eufemismo legalista. La tradición es clarísima: sostiene que a lo privado y a lo público se les mire con desconfianza, y a esta última esfera se le apliquen estándares más duros.