"Que la UDP adhiera a la gratuidad no debe impedirnos criticar los defectos que presenta"

En medio de un duro debate parlamentario, dirigido a aprobar una ley corta que permita cumplir el inicio de la gratuidad en la educación superior el próximo año, la Universidad Diego Portales anunció oficialmente que se sumará a la nueva política de financiamiento impulsada por el gobierno. Una decisión, que asegura su rector, Carlos Peña, lo hacen asumiendo un importante déficit, y no los liberará de entregar su mirada crítica al futuro debate que marcará la reforma a la educación superior.

¿Qué los llevó a decidir sumarse a la gratuidad?

Esta decisión fue fruto de una amplia deliberación en la que participó el Consejo Académico de la universidad (en el que participan representantes de los profesores y de los estudiantes) y de una ronda de conversaciones que sostuve con la Asociación de Académicos de la universidad y los dirigentes estudiantiles. La casi unanimidad de ellos consideró que la trayectoria de la Universidad Diego Portales (que ha llegado a conformar una institución selectiva desde el punto de vista académico y diversa desde el punto de vista social) la obligaba, aunque ello supusiera esfuerzos económicos, a adherir al programa de gratuidad.

Según sus proyecciones, ¿el ingresar a esta política les generará algún tipo de déficit?

El ingreso al programa de gratuidad supondrá menores recursos por un monto que oscila entre 1.500 millones y 2.000 millones de pesos. Y deberemos ajustar nuestro presupuestos a esa cifra, sin por ello lesionar ni la docencia ni la investigación. Pero podremos hacerlo.

¿Cuántos estudiantes de su casa de estudios se verán favorecidos con esta política?

Aproximadamente el 20 por ciento de nuestros estudiantes -tres mil de ellos- serán favorecidos con el programa.

¿Cree que el fallo del TC ayudó a mejorar la propuesta del gobierno, o aún quedan muchos vacíos por resolver? El TC determinó que la glosa era "discriminatoria y arbitraria", ¿siente que ahora no lo es?

Me parece que en la regla que se ha sometido a la consideración del Congreso, aún subsisten defectos severos. El más obvio es el distinto tratamiento que se da a los estudiantes del sector técnico-profesional y el universitario. Esa diferencia puede ser inevitable desde el punto de vista presupuestario; pero es errónea desde el punto de vista de la igualdad. El hecho que la universidad adhiera al programa de gratuidad no debe impedirnos criticar severamente los defectos que ese programa presenta. Y ese es el principal de ellos. Si tratar distinto a estudiantes en la misma situación de desventaja, es incorrecto por principio, entonces esa diferencia es también, prima facie, incorrecta.

¿Hay algún compromiso del gobierno para reducir esa brecha económica que se les genera una vez que se apruebe la reforma a la educación superior?

No, el gobierno no ha asumido ningún compromiso ni ha ejecutado ninguna negociación bilateral o de otra índole con la UDP. Nosotros adherimos a una regla y esperamos que ella se aplique imparcialmente a todas las instituciones que decidan adherir. Más aún, hemos asumido esta decisión (una decisión que no debe apagar la crítica a estos proyectos) conscientes que debemos asumir esa brecha con nuestras propias fuerzas. Y consideraría inadmisible que el gobierno llegara a acuerdos bilaterales con las universidades para que se sumen a la gratuidad. El principio debe ser que todas las instituciones sean tratadas con imparcialidad.

¿El entrar a la gratuidad 2016 asegura la presencia de la UDP una vez que se ratifique el nuevo sistema de financiamiento, o eso será materia de una nueva evaluación?

La decisión que hemos comunicado atinge al año 2016 y esperamos, a partir de ella, ser partícipes activos del debate sobre la reforma a la educación superior a fin de asegurar que en el futuro existan reglas imparciales, que permitan la existencia de universidades no estatales, autónomas, socialmente diversas y académicamente selectivas como la UDP: la decisión de la UDP ni es una adhesión al programa de reforma en su conjunto, ni un compromiso que evite nuestra participación crítica en el futuro debate.