Rebaja de interés a créditos Corfo de educación

EL GOBIERNO se avino a conceder nuevas condiciones a los "créditos Corfo" para estudios de pregrado en la educación superior, forma de financiamiento a la que accedieron, entre 1997 y fines de 2011 aproximadamente 106.000 estudiantes. Estos se acogieron a una tasa de interés promedio de 8,5% anual sobre el capital reajustado, condiciones muy distintas a las disponibles para los deudores del Fondo Solidario o del Crédito con Aval del Estado (CAE). El nuevo tratamiento contempla reducir la tasa de interés al 2% anual a contar del 1 de enero de 2013, dejando fuera al 10% de mayores ingresos y a los que estén morosos, y el pago será contingente a los ingresos del deudor, ya que no podrá exceder de un 10% del total, significando todo ello una reducción en la cuota mensual del orden de un 30%. Con esto, la generalidad de aquellos que han financiado su educación con endeudamiento quedará sometida a condiciones similares. La propuesta del gobierno es oportuna, desde el momento que ya se habían revisado las condiciones de endeudamiento de la mayoría de los estudiantes de educación superior, dejando fuera a los créditos Corfo sin una razón atendible, pero revela el error que significa no abordar los temas en forma general sino en la secuencia marcada por las presiones de los afectados.

El sistema de financiamiento para la educación superior se construyó sobre la base de mecanismos con condiciones diferentes, lo que carecía de justificación. Mientras el Fondo Solidario se ha utilizado para otorgar préstamos con una tasa de 2% y que ha beneficiado a los estudiantes de las universidades del Consejo de Rectores, los alumnos de las restantes instituciones o que no calificaron para los primeros debieron recurrir a los préstamos CAE con un nivel de interés anual de hasta 5,6%, o Corfo, con el 8,5%. Ello suponía un trato discriminatorio sin fundamento. A raíz de las protestas estudiantiles del año pasado, que reclamaban el costo que estos créditos implicaban para las familias, se decidió el igualamiento de las condiciones de los créditos CAE con los del Fondo Solidario, quedando marginados los préstamos Corfo sin un motivo de fondo, lo que ahora se ha debido rectificar como consecuencia de presiones parlamentarias que amenazaban la aprobación de la ley de presupuesto, no sin que antes el gobierno pretendiera una rebaja de la tasa sólo hasta el 4,9%.

El realismo político y la equidad determinan que la resolución de abordar una situación social conflictiva con fondos fiscales se debe tomar de una vez y comprendiendo a todos los involucrados, porque las soluciones parciales sólo extienden innecesariamente en el tiempo el problema y las quejas, con los consiguientes costos políticos, tanto que finalmente obligan a ceder y se proyecta una imagen de debilidad. Adicionalmente, las concesiones parciales evitan que se conozca con exactitud el costo real de las medidas que se hará inevitable tomar. El costo económico de lo concedido, que se ha estimado en US$ 18 millones anuales por 10 años, es manejable en el erario. Por lo mismo, no se comprende el motivo de excluir al 10% "más rico", que constituye una discriminación que nada tiene que ver con la focalización del gasto, y en circunstancias que los sectores de mayores ingresos de la sociedad no financian los estudios de sus hijos con dichas formas de endeudamiento. Los estudiantes han anunciado que seguirán bregando porque la medida sea universal, lo que mantendrá vigente una demanda políticamente desgastante y por un ahorro fiscal que es difícil de defender a la luz de las decisiones de la autoridad.