Recomendaciones para promover la libre competencia

LOS CONTENIDOS que se conocen del informe entregado por la Comisión Asesora Presidencial para la Defensa de la Libre Competencia constituyen un aporte serio y valioso al análisis de los perfeccionamientos que deben realizarse a la institucionalidad en el área, y deberían servir de antecedente a propuestas específicas de reforma, tal como lo solicitó el Presidente Piñera a la comisión. La convocatoria a esta instancia, integrada por destacados expertos legales y económicos, fue una respuesta de la autoridad a la controversia generada a partir de las denuncias de colusión presentadas por la Fiscalía Nacional Económica contra empresas avícolas a fines de 2011, particularmente respecto de si nuestra legislación era suficiente para prevenir y reprimir este tipo de conductas. La ventaja de este tipo de instancias es que introduce profundidad e independencia en el análisis de estos temas, alejándolos de la coyuntura inmediata y evitando que se hagan cambios legales apresurados. Las contradicciones en las normas sobre delación compensada son un ejemplo de ello.

El informe reconoce los significativos avances generados con las reformas de 2003 y 2009, pero identifica tres temas donde deberían realizarse ajustes: sanciones, delación compensada y consulta de fusiones. En lo relativo a las sanciones, propone asociar el monto de las multas a los beneficios obtenidos y considerar un porcentaje de las ventas cuando aquella determinación sea difícil de realizar. Igualmente, propone establecer penas de inhabilitación para ejecutivos privados o directivos públicos para ejercer ese tipo de funciones por plazos de hasta cinco años, lo que se hace cargo de la señal equivocada que se envía cuando quienes han participado en conductas anticompetitivas pueden volver inmediatamente a desempeñar esas funciones.

Donde la comisión no llegó a acuerdo fue en la conveniencia de restablecer sanciones penales por estos ilícitos. Si bien esta posibilidad puede tener un atractivo aparente, lo cierto es que es muy difícil precisar las conductas que permitan a los tribunales aplicar penas, y se corre el peligro de debilitar las sanciones generales, que por su carácter económico suelen tener un efecto disuasorio más eficaz. La Comisión recomienda otorgar consistencia al sistema de delación compensada, de manera que una vez concedida por la fiscalía, no sea posible perseguir a los beneficiados por los mismos hechos, pero por otros delitos, como el de alteración de precios, lo que puede quitar toda eficacia al mecanismo.

El texto aborda la necesidad de revisar el trámite de consulta, particularmente en lo referido a las fusiones, para que se establezca un umbral a partir del cual sea obligatoria y se dé certeza al mercado sobre el punto. Asimismo, se propone correctamente separar aquellos casos de mayor complejidad, por el peligro involucrado para la libre competencia, de aquellos donde no existan esas aprensiones, en que la consulta debería ser despachada en un plazo no mayor a 60 días, de manera de no entrabar injustificadamente operaciones económicas que pueden reportar amplios beneficios para el desarrollo del país.

La Comisión menciona, adicionalmente, la necesidad de establecer un procedimiento claro para el ejercicio de las facultades con que cuenta la fiscalía, así como un plazo máximo para sus investigaciones, lo que también constituye un avance positivo que se debe dar en esta institucionalidad.