Responsabilidades por desborde del río Mapocho

LOS GRAVES daños que provocó el desborde del río Mapocho -principalmente en la comuna de Providencia- motivaron duras acusaciones por parte del gobierno hacia la concesionaria Costanera Norte, culpándola de no haber tomado las medidas preventivas con ocasión de los trabajos que realiza en el lecho del río, no obstante haber sido advertida por la autoridad de la inminencia de una crecida del caudal. Lo sucedido es sin duda un hecho bochornoso, que probablemente podría haber sido evitado o cuando menos mitigado, pero los antecedentes disponibles sugieren que el Estado también tiene responsabilidades, que no cabe eludir.

Si bien el temporal que afectó a la zona central fue de grandes proporciones, en este caso no cabe justificar los incidentes simplemente aludiendo a hechos de "fuerza mayor", una causal que suele invocarse sin mayor análisis. Esta circunstancia, como recuerda el Código Civil, se refiere al "imprevisto que no es posible resistir", lo que resulta discutible cuando se trata de un evento meteorológico que fue largamente anticipado y que en el caso del río Mapocho, si bien implicó un fuerte aumento del caudal, el volumen que alcanzó era soportable por el propio cauce natural del río. De tal manera que no resulta aventurado asumir que los daños fueron en buena medida producto de la imprevisión.

Parece evidente que la primera responsabilidad recae en la concesionaria, la cual tiene a su cargo la construcción de nueva infraestructura en el marco del plan Santiago Oriente. Ello le obligó a desviar el cauce para realizar estos trabajos, cuyo plan de manejo fue autorizado por el Ministerio de Obras Públicas. De los antecedentes conocidos, se advierte que la empresa fue alertada por el MOP del riesgo que implicaba el acopio de material ante una posible crecida del torrente. Aunque su grado de responsabilidad deberá ser determinado en una investigación, hay antecedentes preliminares que sugieren que la concesionaria no habría aquilatado apropiadamente estos riesgos, al punto que parte de su propia maquinaria fue arrastrada por las aguas.

Este actuar aparentemente improvisado no justifica, sin embargo, que el Estado no haya actuado con suficiente fuerza para hacer cumplir su propio rol fiscalizador, en especial cuando se trata de una obra que está en un punto neurálgico de la ciudad y donde ya existían antecedentes de que podría haber un desborde. Por ello parece inapropiado que el Ministerio del Interior, el MOP y la Intendencia pretendan concentrar prematuramente la responsabilidad en un solo actor, soslayando que los organismos del Estado también podrían tener una cuota de culpa en lo sucedido.

El episodio debe ser aleccionador para efectos de anticipar y coordinar una mejor respuesta frente a catástrofes de la naturaleza. Es llamativo que a pesar de que el país es constantemente afectado por eventos de este tipo, aún se observen improvisaciones que dejan un amargo sabor. La cultura de la prevención parece no estar suficientemente internalizada, lo que lleva a incurrir en estos costosos equívocos. Es indispensable que este aprendizaje sobre los efectos de las catástrofes forme parte de los protocolos habituales, lo que alejaría la tentación de recurrir a la "fuerza mayor" para explicar situaciones o desentenderse de las propias responsabilidades.