Ripley solicita a la SBIF autorizar unificación de negocio financiero

<P>La compañía pretende consolidar las operaciones de sus tarjetas de crédito no bancarias en Banco Ripley.</P>




Apuntando a consolidar un desarrollo integrado en sus operaciones financieras en el país, Ripley solicitó ayer autorización a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) para integrar la totalidad del negocio financiero bajo Banco Ripley, con lo que pasará a ser regulado en su totalidad por este organismo.

En un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), la compañía ligada a la familia Calderón explicó que el proyecto tiene como objetivo que CAR S.A. - emisora no bancaria de tarjetas de crédito Ripley- pase a ser filial y sociedad de apoyo al giro de Banco Ripley. En tanto, esta última pasará a ser filial indirecta de Ripley Chile, con lo que conservará el negocio de tarjetas de crédito.

El negocio financiero se desarrollará en forma integrada a través de Banco Ripley y sus filiales, incluyendo dentro de éstas a CAR y a la corredora de seguros Ripley Limitada. Así se pretende adquirir el control de CAR, a través de un aumento de capital -por parte de Banco Ripley- por $ 130.000 millones. Ayer los títulos de la minorista cayeron 2,6% en la Bolsa de Santiago.

Fuentes de la industria explicaron que la iniciativa permitirá un mejor financiamiento de las operaciones de crédito, permitirá sinergias operacionales y una optimización del capital."Este proyecto se viene estudiando desde hace dos años, y su lógica tiene que ver con los beneficios de la integración" señaló Ripley. "Queda una gran base de clientes con tarjeta de crédito activa, lo que permitirá desarrollar a futuro una oferta de mayor valor", agregaron desde la empresa.

La operación sigue la línea que iniciaron en junio de este año Cencosud e Itaú, los que firmaron un acuerdo mediante el cual el banco de capitales brasileños se constituyó como operador de la tarjeta de la firma minorista en Chile y Argentina, transacción que implicó un desembolso de US$ 307 millones.

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