Sedición: una errada descalificación

LA PRESIDENTA del Partido Socialista considera que “hay bastantes componentes de sedición contra la Presidenta” detrás de los comentarios y trascendidos en torno a su capacidad de liderazgo y disposición para enfrentar la compleja coyuntura por la que atraviesa el gobierno y la coalición gobernante.

No es la única representante del oficialismo que ha planteado una preocupación similar, lo que ha motivado a la propia Mandataria y a integrantes de su gabinete ministerial a abordar de manera pública situaciones y problemáticas que incluso trascienden el ámbito administrativo, como pueden ser su estado de salud o su continuación en el cargo. “No veo ninguna razón para renunciar ni quiero renunciar”, señaló en Mega, tras advertir que le parece “súper malo para el país que se inventen este tipo de cosas”.

Evidentemente, no corresponde a los medios de comunicación responsables ni a los analistas políticos hacerse parte de especulaciones que apenas alcanzan categoría de rumor, pero las autoridades deberán reconocer que ha sido el propio gobierno, desde su vocero hasta la Presidenta, el que ha optado por abordar estas temáticas y convertirlas en un asunto de debate público.

No obstante, subsiste un aspecto en esta discusión que merece una revisión más profunda. Porque aunque el vocero de La Moneda sostenga que “no es parte de nuestra cultura institucional”, lo cierto es que las autoridades bien podrían considerar la experiencia de otros países, como Estados Unidos, e implementar un mecanismo anual de información sobre la salud presidencial que perdure y se mantenga como una política permanente. Lo anterior, en lugar de debilitar el liderazgo del mandatario de turno, servirá para reforzar la percepción ciudadana ante un asunto que, obviamente, forma parte del interés público.

Ahora bien, de la misma forma en que se rechaza la difusión de rumores carentes de fundamento, el gobierno debiese evitar confundirlos con aquellas críticas que apuntan a problemas que arrastra la actual administración por ya demasiado tiempo, como es la demanda por un mayor liderazgo y decisión al momento de priorizar las reformas efectivamente necesarias para el país. No se trata de acciones anti democráticas ni llamados a la sedición.

En estricto rigor, la sedición es un delito tipificado por la Justicia Militar y, por lo mismo, cometido por uniformados cuando “rehúsen obedecer a sus superiores, hagan reclamaciones o peticiones irrespetuosas o en tumulto, o se resistan a cumplir con sus deberes militares”. El Código Penal, en cambio, lo asocia más a sublevación “contra el gobierno legalmente constituido con el objeto de promover la guerra civil, de cambiar la Constitución del Estado o su forma de gobierno, de privar de sus funciones o impedir que entren en el ejercicio de ellas al Presidente de la República”.

Resulta evidente que ninguno de los delitos mencionados aparece detrás de los llamados a desestimar las reformas negativas para el país o el reclamo por un liderazgo que priorice y ordene las filas oficialistas en torno a políticas que contribuyan al crecimiento, bajo un clima de diálogo y entendimiento entre los diversos sectores involucrados.