Serrano admite sobreprecio por cambio de contratos en ex INP

Un costo adicional para el Fisco de $ 11.800 millones significó la decisión del Ministerio del Trabajo de revertir el convenio adjudicado a BancoEstado, a través de licitación pública, para el pago de las pensiones del Instituto de Previsión Social (IPS) y su cambio por un contrato directo con BBVA.

La información fue entregada ayer por la titular de la cartera, Claudia Serrano, ante la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, durante una sesión convocada para aclarar una denuncia por irregularidades en el proceso.

Serrano sostuvo que el aumento de precio se debió a que fue necesario agregar servicios que no estaban considerados en el contrato por $ 14 mil millones que ganó BancoEstado. Por ello, se optó por prorrogar de manera directa el convenio con BBVA, pero por un nuevo monto de $ 25.800 millones por año.

La explicación provocó insistentes consultas de los diputados, quienes consideraban que no se justificaba un sobreprecio, pues se trataba de un mismo servicio. En medio de una tensa sesión, la ministra intentó argumentar que el costo adicional se debía a la necesidad de poner en marcha, antes del 1 de junio, un servicio que el BBVA ya había comenzado a desmantelar y que el convenio tenía sólo un año de duración.

El argumento de Serrano contrasta, sin embargo, con el hecho de que el contrato con BBVA ya se había prologando, tras el pago de una indemnización extrajudicial por $ 150 millones.

Al final de la sesión -en que se le prohibió a la ministra exponer junto a sus asesores- Serrano asumió la responsabilidad política en la decisión de revocar el contrato con BancoEstado, advirtiendo que de lo contrario se ponía en riesgo el pago de pensiones a usuarios de la tercera edad.

Con todo, parlamentarios de la Alianza se manifestaron disconformes con las explicaciones de Serrano y anunciaron que estudiarán la viabilidad de una comisión investigadora o una interpelación a la ministra.