"Si no perfeccionamos la ADP, recuperar la confianza en la gestión pública será mucho más difícil"

Entre el 7 y el 29 de diciembre de 2014, el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) recibió las postulaciones para la dirección del Servicio de Impuestos Internos (SII). A este proceso tuvo que someterse Michel Jorratt, quien ya ejercía como director desde marzo del año pasado, pero bajo la figura de "transitorio y provisional (TyP).

Es que tratándose de cargos adscritos a la ADP (como sucede con el SII), la normativa establece que los directivos TyP podrán mantener esa condición hasta por un año. En ese lapso, la autoridad deberá llamar a concurso público en el que, en todo caso, podrá participar la autoridad vigente.

Fue así que el 14 de abril recién pasado la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, ratificó a Jorratt como director del SII. Pero 34 días después el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, le pidió la renuncia.

Independiente de los coletazos políticos que todavía sigue teniendo este hecho, ¿cómo impactó este proceso en la ADP? El director del Servicio Civil y presidente del Consejo de Alta Dirección Pública, Rodrigo Egaña, evalúa sus consecuencias.

La salida de Jorratt como director del SII acrecentó las críticas respecto del Sistema de Alta Dirección Pública...

La discusión respecto de los hechos acaecidos en el SII puso a la ADP nuevamente en el centro de la discusión. El que la autoridad le pida la renuncia a un directivo es parte de la normalidad del sistema, del diseño, pero no se puede culpar a un sistema por los problemas de un diseño. El año 2003 hubo un acuerdo nacional y la clase política definió determinadas reglas del juego que, a la vista de los hechos y de los cambios que ha experimentado Chile, es necesario perfeccionar y modificar.

Dentro de las preguntas que hace el consejo a los candidatos que están participando en algún concurso para postular a un cargo, ¿existe alguna que tenga que ver con inhabilidades?

Además de las preguntas, que sin duda las hay, todos los candidatos firman un documento donde declaran conocer las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la ley para desempeñar el cargo concursado.

En marzo, el SII estaba en pleno proceso de investigación de los casos Penta y SQM, ¿el consejo tomó en cuenta esto a la hora de evaluar si colocarlo o no en la terna que se le envió a la Presidenta Bachelet?

El Consejo ADP está siempre atento a las complejidades propias de la gestión pública y analiza todos los antecedentes que tiene a la vista. En este caso, la nómina final del SII se elabora y envía a la autoridad la primera quincena de marzo, para ser preciso el 18 de marzo. La situación del ex director Jorratt y la asesoría en cuestión la da a conocer la prensa la segunda semana de abril.

¿Existió, por parte del consejo, alguna pregunta a Jorratt sobre sus trabajos anteriores? ¿Se mencionó su relación con AyN empresa de Martelli?

Es norma y práctica del Consejo ADP analizar todos los antecedentes que tiene a su disposición para evaluar a los candidatos, la que en su gran mayoría corresponde a información entregada por el respectivo candidato o candidata.

¿Y Jorratt entregó esa información?

Entregó información en general sobre las consultorías que había hecho tanto en Chile como en el extranjero. No especificó a qué empresas particulares había prestado sus servicios, sólo enumeró que había prestado servicios a organismos internacionales como el Banco Mundial y al Banco Interamericano del Desarrollo; además de varias consultorías a bancos y compañías, sin dar nombres de cada una de ellas.

¿A los postulantes al SII se les pregunta, por ejemplo, si han emitido boletas ideológicamente falsas?

Hay una pregunta que el Consejo ADP les hace a todos los candidatos que llegan a la entrevista final y que es muy relevante: ¿Hay alguna situación o hecho que, sin que lo inhabilite legalmente, pudiera empañar su nombramiento y que, a mayor abundamiento, usted crea que sería útil y necesaria que la autoridad conozca?

¿Y cuál fue la respuesta de Jorratt?

Esa respuesta es parte de la confidencialidad de las entrevistas que nosotros hacemos a cada uno de los postulantes a distintos cargos, no sólo al de director del SII. Nosotros podemos referirnos a esta parte del proceso genéricamente respecto del tipo de pregunta que hacemos, pero tenemos prohibición legal de dar a conocer en detalle la respuesta de los participantes.

Usted dice que cada postulante firma un "documento donde declara conocer las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la ley"... Jorratt lo firmó y después se inhabilitó en la investigación del caso Martelli , ¿cómo queda la ADP?

El sentido que tiene firmar ese documento es que al momento de ocurrir un hecho durante el cumplimiento de su función se inhabilite, que fue lo que hizo Jorrat. Pero no hay que olvidar que esto ha ocurrido antes como fue en el gobierno pasado en el caso del INE y el Censo.

¿Cree usted que el caso de Jorrat dejó vulnerable el sistema?

Para un cargo se evalúa al postulante en virtud de su capacidad e idoneidad. En el momento que nosotros hicimos el proceso y la evaluación final encontramos que Jorrat cumplía con los requisitos exigidos para el cargo. Después aparecieron las situaciones ya conocidas, lo que evidencia que el sistema no es perfecto, pero tampoco tenemos una bola de cristal para adivinar qué sucederá con cada una de las elecciones que hace la ADP.

Una vez que se hizo conocida la petición de renuncia de Michel Jorratt al SII, ¿lo analizaron en el consejo?

No es un tema que el Consejo ADP deba analizar. Nuestro esfuerzo está puesto en el éxito del proceso para seleccionar a un nuevo director del SII en base al perfil que el ministro de Hacienda defina para ese cargo, y que aprobará en su momento el Consejo ADP.

Cambios

En la agenda de probidad se establece junio para que el Ejecutivo envíe el proyecto de ley que perfecciona el sistema, ¿en qué estado está?

Tal como lo dijo la Presidenta, el ministro de Hacienda ha reiterado que en junio el proyecto ingresará al Parlamento y ahora él está realizando un trabajo de análisis. No olvidemos que acaba de asumir en el cargo. Lo importante es que este proyecto, además de la ADP, también vendrá a fortalecer el rol del Servicio Civil en materia de gestión de personas en el Estado.

¿Cuál es el riesgo que se corre si el gobierno no avanza con el proyecto de ley que perfeccionará al sistema de ADP?

El riesgo no es del gobierno, es de la clase política en su conjunto. Creo que estamos en un punto de inflexión y estoy convencido de que si no perfeccionamos la ADP, recuperar la confianza en la gestión pública será mucho más difícil. El país no puede desperdiciar esta oportunidad.

¿Ve ánimo político de avanzar en este proyecto?

La discusión debe darse en el Parlamento y la voluntad del gobierno, como dice el programa y lo ha dicho la Presidenta y reiterado el nuevo ministro de Hacienda, es perfeccionar el sistema ADP.

¿Es una forma de salir de esta crisis?

Las crisis son una oportunidad, y la clase política, de la cual soy parte, debe estar a la altura de las circunstancias y definir hasta dónde avanzamos en este tema. Insisto, aun con sus limitaciones la ADP es una reforma exitosa y ha cumplido con creces el objetivo para el que fue creada. Sin embargo, la actual ecuación entre mérito y confianza ya no es la más adecuada para los desafíos que el Estado de Chile debe enfrentar.

¿Cuáles serían para ustedes los tres temas clave que debiera contener el proyecto?

El tema más importante es limitar al máximo el uso de la figura de los directivos transitorios y provisionales (TyP), los que no deberían poder participar en el concurso del cargo que están desempeñando. Otro punto muy importante es la ampliación del sistema al gobierno central, por ejemplo, incorporar servicios hoy excluidos. También perfeccionar los Convenios de Desempeño para que sean una herramienta objetiva de medición del desempeño y puedan contribuir a mejorar la gestión, ello también es una barrera al despido injustificado.

El ex director de ADP Carlos Williamson es partidario de que los cargos transitorios o provisionales no debieran tener la oportunidad de volver a concursar, ¿coincide con este planteamiento?

Es mi opinión y la opinión unánime del Consejo ADP. Es decir, estamos de acuerdo con que lo ideal es que los cargos transitorios y previsionales no tengan la posibilidad de volver a concursar.

¿Por qué es importante darles una nueva definición a los transitorios y provisionales?

Claramente, esta figura legal no le ha hecho bien al sistema y el diagnóstico compartido es que debe ser restringida al máximo. La falsa percepción de que la ADP ratifica nombramientos de la autoridad pone en juego su credibilidad y legitimidad. A pesar de ello, el filtro de mérito ha funcionado y muchos directivos TyP quedan fuera porque no superan alguna etapa del proceso del concurso.

¿Habrá algún cambio en los cargos de tercer nivel? Se lo pregunto, porque en algún momento se había planteado que también fueran elegidos por ADP?

Efectivamente, la Comisión Engel lo propone. Creo que hay antecedentes que hacen necesario dar esta discusión, porque, por ejemplo, no más del 33% de estos cargos, que la ley del Nuevo Trato reservó a la carrera funcionaria, han sido provistos por concurso público. En mi opinión, que es a título personal, deberíamos pensar más bien que el procedimiento de concurso de estos cargos sea de acuerdo al Sistema de Alta Dirección Pública. Es decir, no se cambia la forma de nombramiento, pero sí todo el proceso de concurso, con lo que se garantizan de mejor forma los principios del mérito y la idoneidad.