SMA formula cargos por fallas en certificación a térmicas

A menos de un mes de que entrara en vigencia la obligación para las centrales termoeléctricas de contar con un sistema de monitoreo de emisiones certificado, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) ya comenzó con procesos de sanción por incumplimientos en contra de las empresas encargadas de realizar este proceso.

La semana pasada, la autoridad formuló cargos en contra de dos firmas que asesoraron a centrales termoeléctricas, una en la zona central y otra en el Norte Grande, pues se determinó que sus sistemas de certificación de emisiones no estaban operativos o presentaban fallas.

La SMA formuló cargos en contra de SGS Chile Limitada, que se encargó del proceso en la Central Termoeléctrica Nueva Ventanas, en la V Región y propiedad de AES Gener; y contra Serpram SA, por la central termoeléctrica Mejillones, E-CL, filial del grupo franco-belga Suez.

En el caso de ambas centrales termoeléctricas, la SMA levantó cargos contra las empresas al comprobar, mediante fiscalizaciones, que los protocolos para certificar emisiones no se habían cumplido a cabalidad, lo que dejaría a las plantas eléctricas sin posibilidad de operar al no cumplir con la normativa ambiental.

En el caso de la tercera unidad de Nueva Ventanas, la SMA señaló que los informes de SGS Chile Limitada contenían "15 no conformidades", entre ellas algunas deficiencias relacionadas a los tiempos de respuesta en los ensayos, problemas en la calibración de parámetros, duración de las mediciones menor a la exigida por el protocolo definido por la autoridad e información insuficiente para determinar el cumplimiento de los parámetros exigidos para contaminantes como SO2. NOx y otras emisiones.

En su formulación de cargos, la SMA señaló que los incumplimientos detectados por la autoridad eran de carácter leve, por lo que la firma certificadora arriesgaba una multa de hasta 1.000 UTA (unos $ 491 millones).

Lo mismo sucedió en la central termoeléctrica Mejillones, donde la empresa encargada de la certificación -Serpram SA- también falló en la aplicación del protocolo definido por la autoridad, por lo cual se arriesga a multas por hasta 1.000 UTA, con la obligación de subsanar las fallas.

Normativa

En 2010, cuando se emitió el Decreto Supremo 13, que regulaba las emisiones de diversos contaminantes en la industria termoeléctrica, se determinó que las centrales nuevas tenían que cumplir con la norma antes de operar, mientras que las que estaban en operación tenían tres años para hacerlo, a través de la instalación de diversos equipos para abatir las emisiones y un sistema de monitoreo de las mismas, que debía reportar resultados a la autoridad ambiental de forma trimestral.

La norma que obliga a las centrales a contar con la validación de los sistemas de monitoreo continuo de emisiones (CEMS) comenzó a operar el 23 de diciembre. Producto de diversos retrasos y cambios en los protocolos por parte de la autoridad -y también por las dificultades propias del proceso de certificación, ante la falta de entidades técnicas-, 90% de las centrales térmicas que operan en el país no han logrado obtener dicha certificación, por lo que se arriesgan a multas e incluso a paralizaciones.

La industria ha realizado inversiones por US$ 600 millones en estos tres años para adecuar sus operaciones a los límites de emisión de material particulado, NOx, SO2 y Hg (mercurio).