SNA pide a la Contraloría que declare ilegal exigencias de la DGA sobre derechos de agua

La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) solicitó ayer al contralor general de la República, Ramiro Mendoza, que declare ilegal y nula la Resolución Nro. 3504, de 2008 de la Dirección General de Aguas (DGA), así como los actos del director nacional de la entidad y directores regionales que exigen la renuncia de derechos y niegan el cambio de punto de captación de aguas subterráneas a quienes no lo hagan.

Tras su audiencia en la Contraloría, el titular de la SNA, Luis Mayol, junto al fiscal de la entidad, Eduardo Riesco, explicaron que desde fines de 2008 a los agricultores que quieren trasladar un pozo de lugar dentro del mismo acuífero o napa, la DGA les exige renunciar al 80% del caudal, pues si no lo hacen les niega la autorización de traslado. Por ello, el gremio agrícola señala que la resolución 3504 crea "de manera arbitraria" el supuesto de que los agricultores sólo utilizan el 20% del caudal de agua que fijan sus derechos de aprovechamiento.

El director general de Aguas, Rodrigo Weisner, desestimó el reclamo de los agricultores y explicó que "para evitar la sobreexplotación de los recursos hídricos, en 2005 se modificó el Código de Aguas a través de la Ley N. 20.017 y es la base de la resolución 3504 de la DGA. La normativa establece que los derechos de aguas subterráneas se tienen que pedir por un caudal instantáneo y, además, con un volumen anual a explotar, de manera que quien tiene 15 litros de agua por segundo y los pide trasladar, va a tener los mismos 15 litros por segundo, pero de acuerdo con información entregada por el propio beneficiario, se le dice cuánto volumen total anual puede extraer".

Los derechos de aguas constituidos antes de 2005 no tienen el sistema de volumen total anual, pero quedan afectos a esta normativa al momento de cambiar el punto de captación.

El fiscal de la SNA, Eduardo Riesco, sostuvo que si bien este es un problema que se arrastra por más de un año, en este período la entidad gremial recibió más de 50 casos y consideraron que ya era el momento de actuar. "Formamos masa crítica, analizamos los casos y llevamos más de 15 a la Contraloría", precisó.