Sostenedores desmienten "campaña del terror" y justifican amenaza de cierre

El anuncio de que, al menos, 41 colegios de la Región Metropolitana cerrarían si se mantienen las actuales condiciones del proyecto que pone fin al lucro, el copago y la selección generó críticas desde la Nueva Mayoría.

"La declaración de los sostenedores demuestra que existe un absoluto desconocimiento (...) lo que hemos aprobado en la Cámara de Diputados dice todo lo contrario de lo que dicen estos sostenedores", afirmó el diputado Fidel Espinoza (PS).

El parlamentario criticó que "no hay otra conclusión: aquí existe una campaña del terror, irresponsable y desmedida, que sin lugar a dudas es fruto de la desinformación".

Hernán Herrera, presidente de Conacep -entidad que agrupa a sostenedores particulares subvencionados-, informó que "al hacer un levantamiento a nivel nacional, la cantidad de sostenedores que declaran la intención de cierre se cuadruplica, con lo que, al menos, serían 160".

Herrera subrayó que "no hemos estado en ninguna campaña del terror, como ha dicho el gobierno. Sólo hemos advertido que el cierre de colegios es una realidad, porque el proyecto no permite a los sostenedores seguir con su proyecto educativo".

El dirigente añadió que "el gobierno ha tratado de hacer creer a los parlamentarios que el cierre era una amenaza de megasostenedores, pero son pequeños colegios, y esto demuestra el desconocimiento del sector particular subvencionado por parte del Ministerio de Educación".

¿Por qué cerrarían?

Entre los argumentos técnicos que Conacep explica para justificar el cierre de los colegios, más allá de las razones personales de cada sostenedor, se encuentran aquellas relacionadas con la pérdida de patrimonio.

El asesor legislativo de la agrupación, Eduardo Escalona, detalló que "los colegios con fines de lucro están obligados a cambiar su estructura societaria, y eso implica transferir la calidad de sostenedor a una corporación sin fines de lucro, pero el proyecto pretende que esa transferencia se realice a un precio extremadamente bajo, equivalente a no más de un 60% del valor comercial".

Escalona planteó que el proyecto "asume que va a haber financiamiento bancario, pero sin permitir pago con cargo a la subvención del pie que piden los bancos o los impuestos de la venta".

El abogado indicó que "habría que preguntarse si alguna persona estaría dispuesta a vender al mismo valor que recibe por arriendo, pero recuperando recién en 25 años sólo el 60% del patrimonio y perdiendo el resto".