SQM: juez avala que se formalice sin querella del SII contra un imputado

A un año y tres meses desde que la fiscalía empezó a investigar presuntos delitos tributarios vinculados al financiamiento irregular de campañas políticas, ayer por primera vez se le imputaron cargos a personas ligadas a la Nueva Mayoría.

Uno de los siete formalizados fue el ex recaudador de la campaña de la Presidenta Michelle Bachelet, Giorgio Martelli, por presuntos delitos tributarios, otorgamiento de contrato simulado y eventual apropiación indebida.

El fiscal nacional Sabas Chahuán -apoyado por los fiscales Emiliano Arias y Pablo Norambuena- detalló que durante 2012 y 2013, el entonces gerente general de SQM, Patricio Contesse, y Martelli "se concertaron para distraer dineros que el primero tenía en su administración" como gerente general de SQM Salar, produciéndose gastos injustificados en favor de Martelli por $ 245.999.332 bruto, a través de supuestos contratos "simulados" de prestación de servicios.

Estas operaciones, según Chahuán, "causaron un perjuicio al Fisco de Chile que asciende a $ 49.799.866". El operador político quedó con arresto domiciliario total, dado que su defensa no se opuso a lo solicitado por el Ministerio Público. También fueron reformalizados Contesse y al abogado Roberto Guzmán, ex asesor de Julio Ponce.

Además, se levantaron cargos por posibles delitos tributarios en contra de la contadora Clara Bensan, ligada al financiamiento de la campaña del ex Presidente Eduardo Frei. "Durante los períodos tributarios de octubre de 2009 y febrero de 2010, Bensan, representante legal de Asesores en Gestión Integral Limitada (Agesin) y Martelli, se concertaron maliciosamente con el propósito de facilitar dos facturas (...) falsas, por servicios que jamás se realizaron, a SQM", dijo el fiscal.

A ellos se sumaron el PPD David Flores, ex colaborador de Carolina Tohá, y el ex diputado PR Alejandro Sule. Los tres quedaron con firma mensual y arraigo nacional.

Respecto a Flores, Chahuán señaló que "las facturas emitidas por el contribuyente Claudio Canales Jaramillo E.I.R.L a Agesin, fueron facilitadas por Flores y Martelli y daban cuenta de servicios que dicha empresa (Claudio Canales Jaramillo E.I.R.L) efectivamente prestó para la campaña de Carolina Tohá, más no para Agesin".

En el caso de Sule, el magistrado del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago Luis Avilés (ver secundaria), avaló su formalización por posibles delitos tributarios sin una querella o denuncia del Servicio de Impuestos Internos (SII) interpuesta directamente en su contra. Esto, luego de que el abogado de Sule, Andrés Sepúlveda, solicitara al juez anularla, argumentando que no hay una acción legal dirigida contra el ex parlamentario. En marzo, el Servicio, en una acciones judiciales, mencionó boletas que habrían emitido a SQM para entregar los fondos a Sule, entre ellos el ex subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Rodolfo Baier.

Ayer el magistrado determinó que "lo que se pretende con una denuncia y una querella del SII es que se especifiquen razonablemente los hechos (...) y eso sea expresivo para una investigación razonable de la fiscalía". Agregó que "no puede el Ministerio Público investigar periodos tributarios distintos, ni indagar mecánicas distintas. Pero, si lo que se trata de investigar es un año tributario en relación a dos personas perfectamente individualizadas y cómo esa relación ha producido un perjuicio, la verdad es que poco sentido tiene exigir que el Ministerio Público se transforme en notario del SII". El juez señaló que "Impuestos Internos no tiene la misión institucional de perseguir delitos (...) no tiene facultades legales para llevar adelante investigaciones exhaustivas en relación a cuántos participan (en el ilícito). Si esa hubiese sido la exigencia de la practica jurídica haría que el Ministerio Público no pasara de ser una notaría".

Esta postura cobra relevancia dado que esta semana la Corte Suprema deberá decidir si acoge o no el recurso de amparo -que fue rechazado en primera instancia- interpuesto por el ex vicepresidente de RN Claudio Eguiluz, quien pedía anular su formalización porque no había querella del SII en su contra.

Ayer la fiscalía le levantó cargos por presuntos delitos tributarios y supuesta apropiación indebida, arriesgando -según la fiscalía- una pena que parte en los cinco años y un día de cárcel. Además, Eguiluz, habría sido el único de los imputados que no habría llegado a un acuerdo con la fiscalía sobre las medidas cautelares que le iban a solicitar. Finalmente el tribunal le decretó firma mensual y arraigo

"Están los impuestos pagados, hecho el trabajo, está todo para poder demostrarlo. Estamos totalmente tranquilos. Nunca he mi vida he tenido un problema con Impuestos Internos", dijo Eguiluz.