Sumario abierto por contralor abarcará a otras instituciones y servicios públicos

A las 9.00 del miércoles pasado, el contralor Jorge Bermúdez firmó la resolución con que instruyó un sumario administrativo a la Dirección Administrativa de la Presidencia. Luego de eso, llamó a la directora sociocultural de La Moneda, Paula Forttes, quien por estos días ejerce también como jefa de gabinete subrogante de Michelle Bachelet.

Sin embargo, Forttes no contestó el llamado del contralor. Y fue entonces cuando Bermúdez decidió comunicar su determinación al ministro del Interior, Jorge Burgos.

El sumario que Contraloría llevará a cabo -y que fue notificado formalmente a la Dirección Administrativa de la Presidencia a las 18.00 de ayer- será exhaustivo.

La investigación implica revisar todos los procedimientos administrativos que fueron visados por el renunciado administrador de La Moneda, Cristián Riquelme, y a partir de ello podrá implicar a todas las instituciones públicas, servicios y otras entidades que hayan firmado contratos tanto con la Dirección Administrativa de Palacio como con empresas que estén o hayan estado vinculadas a Riquelme.

Lo que detonó la investigación "fast track" instruida por Bermúdez fue el "modus operandi" que, según distintas revelaciones periodísticas, ha utilizado Riquelme. Por ejemplo, el que durante 2015 realizara compras por trato directo -es decir, que no se desarrollaron mediante una licitación pública- por casi 3 millones y medio de dólares.

Es a raíz de esto que la Contraloría va a sumariar todos los contratos directos que realizó la Dirección Administrativa de la Presidencia. Esto, para determinar quiénes fueron la contraparte, si el contrato se materializó o no, si se cumplió conforme a su objetivo y si el dinero involucrado se empleó de manera adecuada.

Entre los servicios que podrían ser sometidos a este escrutinio podrían aparecer reparticiones tan distintas como municipalidades o entidades pertenecientes a las Fuerzas Armadas.

Salud

En este escenario cobra relevancia el hallazgo de una serie de contratos que suscribieron dos empresas creadas por Riquelme -Greentec y Comercial A y R- con entidades dependientes del Ministero de Salud, y que entre los años 2013 y 2015 recibieron pagos con recursos del Estado por $417 millones, según reveló una investigación de Ciper.

Al asumir el cargo de administrador de La Moneda, Riquelme intentó traspasar ambas empresas a su esposa, Ada Álvarez, pero por tratarse de una transacción ilegal -según la publicación de Ciper- sólo pudo dejar en su poder Comercial A y R. Luego del "traspié", traspasó Greentec a un ex compañero de universidad.

Según explicó ayer el ex jefe de sumarios de la Contraloría, Héctor Parra, la ampliación de la investigación responde a que se trata de un proceso que estará a cargo de la misma Contraloría, que cuenta con competencias mucho más amplias que si el sumario hubiera quedado en manos del propio servicio, donde sus facultades se circunscriben a investigarse a sí mismo.

"Debe entrar en todos los servicios públicos necesarios, y si hay efectos en otras reparticiones públicas, el fiscal está obligado a investigar esos hechos", dijo Parra ayer a La Segunda.

Sanciones pendientes

El sumario de Contraloría podría concluir en una serie de sanciones administrativas, tales como rebajas de sueldo y destitución de cargos.

Al haber renunciado a la Dirección Administrativa de la Presidencia, estas medidas no podrán ser aplicadas a Riquelme.

Sin embargo, no serán descartadas, sino que quedarán como castigos pendientes para ser aplicadas en caso de que Riquelme optara por regresar al servicio público.

Estas eventuales sanciones, en todo caso, se aplicarían -de encontrarse irregularidades- en paralelo a las posibles penas de cárcel que podrían aplicarse en caso de que se comprobara algún delito.