Tareas y desafíos de la comisión sobre seguridad laboral

EL PRESIDENTE de la República presentó el lunes la comisión que revisará las condiciones de seguridad laboral, liderada por la ministra del Trabajo y Previsión Social. Más allá del impacto por el accidente en la mina San José, el tema de las condiciones laborales, la higiene y seguridad en las empresas merece la máxima atención.

Junto a la necesaria revisión de la seguridad laboral en todos los niveles, esta es una instancia para atacar las situaciones de mayor desprotección, que son las que derivan de falta de oportunidades laborales y que afectan a desocupados, trabajadores en empleos estatales de emergencia o subempleados en actividades de baja productividad. El país, con conciencia renovada luego del accidente en Atacama, debe regular mejor y fomentar más alternativas laborales que creen el espacio en que las condiciones seguras se hagan exigibles para todos.

Frente a esta realidad de vulnerabilidad laboral por falta de desarrollo económico en el país, y por la segmentación del mercado laboral que generan algunas regulaciones -como las tan discutidas indemnizaciones por despido-, el gobierno debe buscar mejorar, en primer término, la situación de los trabajadores sujetos a los mayores riesgos.

Es una realidad incontrastable que el grado de regulación, prevención y énfasis en la seguridad que se encuentra en las empresas más consolidadas se debilita en las de menor envergadura, que van desde aquellas medianas y pequeñas, pero aún sujetas a todas las regulaciones laborales, hasta las más débiles que, en ocasiones, son sólo la actividad informal de un trabajador por cuenta propia y su grupo familiar. La precariedad económica en el segmento más débil de las empresas se refleja en falta de seguridad, inestabilidad, bajas remuneraciones y falta de acceso a las prestaciones y cobertura que otorga la seguridad social para los empleos que se generan en este ámbito. Los trabajadores menos capacitados, enfrentados a necesidades apremiantes, terminan buscando una remuneración en empleos riesgosos. Así, un segmento importante de la fuerza de trabajo chilena se desempeña en condiciones de muy baja seguridad, como mejor alternativa a su alcance ante falta de mejores opciones.

La comisión también debe ser la instancia para revisar hasta qué punto funciona adecuadamente la normativa más general sobre seguridad laboral. En Chile existe una larga tradición de estímulos a la prevención de accidentes laborales, a través del seguro que otorgan las mutuales de seguridad. Por este mecanismo, un pago que crece en proporción a la siniestralidad efectiva de las empresas es un poderoso incentivo para que éstas definan procedimientos seguros, arbitren mecanismos de capacitación y generen estímulos adecuados para un trabajo sin riesgos.

Existe la impresión, sin embargo, de que los cobros efectuados por las mutuales en virtud de la legislación que las rige pueden estar excediendo lo requerido para proporcionar los servicios comprometidos, encareciendo la contratación. Esta es un área que puede ser mejorada y que debe ser revisada por la comisión, para definir si, eventualmente, corresponde reducir la comisión base, manteniendo una estructura de cobros según siniestralidad para incentivar la seguridad y financiar el tratamiento de los accidentes que ocurren, sin transformarse en un gravamen excesivo al empleo.