Tirúa, el polvorín de Arauco

Los hechos acontecieron el jueves 3 de marzo. Según Carabineros se trató de un enfrentamiento con armas de fuego, al interior de un fundo de Tirúa donde efectivos del Gope realizaban una ronda. Fue lo que relató a La Tercera el prefecto de Carabineros de Arauco, coronel Jorge Salas.

Aquella tarde fueron detenidos los comuneros Jocelyn Fernanda Yevilao Maril, de 24 años, y Hernán Paredes Puen, de 38 años, este último baleado por la espalda con perdigones “al intentar huir del lugar”. Ambos serían más tarde formalizados. Ella por atentado contra de la autoridad. Y él por los delitos de porte de arma de fuego, tenencia de municiones, receptación y atentado contra la autoridad.

Mientras la mujer quedó en libertad, pero con firma semanal, Hernán Paredes se halla hospitalizado en la enfermería de la cárcel El Manzano de Concepción. Allí se recupera de sus heridas. Dos meses fijó el tribunal el plazo de la investigación. Hasta aquí la versión oficial.

La comunidad “María Colipi Viuda de Maril” está ubicada en las cercanías de Quidico, sector de Curapaillaco, comuna de Tirúa. De fácil acceso, una ruta asfaltada de cinco kilómetros conecta el sector con la ruta P 70 que enlaza las comunas de Tirúa con Cañete por el sector costero. También con los fundos forestales Labranza, Paillaco y Choque, subiendo hacia la cordillera de la costa.

Allí, en el kilómetro 3, se encuentra la sede de la comunidad construida con fondos de Conadi y que el día del “enfrentamiento armado” estaba repleta de gente. Y es que la versión mapuche es diametralmente opuesta a la de Carabineros.

No sólo niegan el intercambio de disparos, aseguran además que los detenidos, ambos miembros de la comunidad, se encontraban fuera de la sede comunitaria al momento de ser baleados por la espalda y luego detenidos.

Así lo relata el dirigente Luis Maril Leviqueo (28 años), testigo directo del incidente. “Aquella tarde estábamos reunidos, organizando un partido de palín cuando vimos pasar las tanquetas por el camino. Se dieron varias vueltas por el sector y de pronto arremetieron contra nosotros”, relata Maril.

“Fue muy violento todo, sin mediar provocación se bajaron de los vehículos y nos dispararon. Y aquí, afuera de la sede, agarraron al peñi y la lamngen (hermana), no al interior del fundo como ellos dicen”, agrega el dirigente.

Testigos, asegura Maril, sobran. No sólo se refiere a los miembros de la comunidad. Eran las cinco de la tarde y un furgón escolar dejaba niños en un paradero cercano. Tanto el chofer como los menores vieron todo, señala. Y aterrados.

La versión de Maril es corroborada por al menos una veintena de personas. Entre ellas un segundo herido por los disparos que se dio a la fuga y que bajo resguardo de su identidad aceptó contar a La Tercera lo vivido aquella tarde.

“No sé bien por qué nos atacaron. Fue de un momento a otro. Yo recibí disparos a quemarropa”, relata el comunero mientras levanta su polera y muestra las heridas, atendidas en la propia comunidad. Al menos una veintena de perdigones pueblan su espalda y pierna izquierda.

Son heridas que requieren atención de urgencia, comenta Luis Maril. Sin embargo, no es opción para el comunero acudir a los hospitales de Tirúa o Cañete. Se curará con hierbas. Y medicina mapuche.

“Lo más seguro es que sería detenido y acusado de homicidio frustrado, como el peñi Hernán Paredes”, señala Maril. Tal es la desconfianza de la comunidad en la justicia. Pero por sobre todo, en Carabineros de Chile.

Curapaillaco es tierra mapuche con historia. Bien lo saben las familias de la comunidad “María Colipi Viuda de Maril”, que desde los años 60 reivindican el fundo Labranza, propiedad de forestal Mininco.

Para los mapuches todo parte con la invasión chilena y el avance de la frontera. Fue en 1852 cuando el Estado promulgó la ley que creó la Provincia de Arauco. En 1862 se levantó el fuerte militar de Lebu y los puestos militares de Quidico y Tirúa. En 1866 fue el turno de Cañete.

En 1869 estos se complementaron con la línea de fuertes y fortines en los pasos de Contulmo, Cayucupil y Elicura, para “incomunicar las tribus de la costa con las del valle central”, según consignó el propio coronel Cornelio Saavedra en sus informes.

Culminadas las campañas militares, a los indígenas sobrevivientes el Estado entregó en Arauco un total de 9.700 hectáreas divididas en 77 Títulos de Merced, que beneficiaron a 2.477 familias. Entre estos títulos está el de María Colipi Viuda de Maril, en Curapaillaco. El resto del vasto territorio de la provincia pasó a ser en 1866 “territorio de colonización”.

Fue entonces que arribaron a la zona las familias Etchepare, Aguayo y también los Ovalle, estos últimos dueños ya en 1876 de 12 mil hectáreas de la Hacienda Tranaquepe. Parte de esta, los actuales fundos Labranza y Choque, están asentados en tierras antiguas de reconocidos lonkos.

En 1883, la Hacienda Tranaquepe fue compraba por la familia Ebensperger. Casi un siglo más tarde, en 1970, la Corporación de Reforma Agraria les expropió 1.171 hectáreas de los ex fundos Cura y Hospital en beneficio de una treintena de familias mapuche de la comunidad María Colipi Viuda de Maril. Nacía así el “Asentamiento Labranza”.

El Golpe de Estado y la contra-reforma agraria impulsada por los militares volvió todo a fojas cero. Protagonista de esta historia sería el ex presidente de SQM, Julio Ponce Lerou, yerno del dictador y quien desde su cargo de director ejecutivo de Conaf sería el encargado de vender los fundos de la Cora con “aptitud forestal” a diversos empresarios del rubro.

En 1978, Conaf adquirió las 808 hectáreas del Asentamiento Labranza. Un año más tarde, este fue vendido a Forestal Crecex del grupo BHC de la familia Vial. Finalmente, en los 80’ y tras la quiebra del grupo económico, estos vendieron las tierras a la familia Matte, dueños de Forestal Mininco. Corría el año 1986.

Cuatro años vivieron los mapuche en el fundo Labranza recuerda Flora Leviqueo (60 años). Fueron 33 las familias beneficiadas por la Reforma Agraria y a quienes el estado asignó 60 hectáreas cada una para agricultura y ganadería. Hasta que fueron desalojados en 1976, relata.

Desde entonces, Flora vive en las dos hectáreas que heredó de sus padres en la comunidad. Allí crió a sus ocho hijos. Hoy ellos y sus nietos lideran la lucha por recuperar esas tierras antiguas, plagadas de pino y eucalipto desde fines de los 70’. La primera toma del fundo fue en 1998. Rápidamente los desalojaron.

En 2008 se reactivó el conflicto y desde entonces no ha parado.

Parte de esa nueva generación de “weichafe” (guerreros) son Hernán y Fernanda, los detenidos por el GOPE aquel día del supuesto enfrentamiento.

Maril reconoce “estar harto” del amedrentamiento policial. Y de los abusos. Diversas denuncias de tortura y detenciones ilegales de comuneros se han interpuesto en tribunales, con patrocinio del INDH. Un escenario que se repite desde que las familias decidieron recuperar vía “acción directa” tanto el fundo Labranza como el de Choque.

Recorriendo la zona, La Tercera pudo corroborar la existencia de una militarización "de facto". En el Fundo Choque, un destacamento del GOPE cumple labores de resguardo con efectivos armados con fusiles de asalto M4, de servicio en las fuerzas especiales norteamericanas apostadas en Afganistán e Irak.

Allí acampan medio centenar de efectivos protegiendo faenas de explotación.

“El gobierno habla de robo de madera, de mafias, de delincuentes, hasta de la CAM y esta es una lucha nuestra, autónoma, por recuperar lo que a nuestros abuelos les robaron”, señala Luis Maril. Recorremos juntos parte del fundo Labranza, “recuperado”. Allí los jóvenes realizan siembras productivas. Este año cosecharon trigo y papas en tierras que, les dijeron, solo servían para pinos.

“¿Ve usted una salida al conflicto?”, pregunto. “La única salida es política y pasa por la expropiación de los fundos, como lo hizo la Reforma Agraria. Ellos se han enriquecido y coludido con tierras ajenas. No es justo se les compre lo robado”, responde.

La Tercera intentó, inútilmente, obtener la versión de las empresas forestales aludidas en este reportaje.