Tragedia en San Miguel: fiscalía rebaja cargos a tres gendarmes

Un delito de menor penalidad al ya presentado, pero argumentando que fue cometido en forma reiterada, imputará hoy la Fiscalía Metropolitana Sur, a partir de las 9.00, a tres de los ocho ex funcionarios de Gendarmería investigados por la muerte de 81 reclusos durante un incendio en la cárcel de San Miguel.

Producto de la tragedia, ocurrida la madrugada del 8 de diciembre de 2010, los centinelas José Poblete Valverde, Francisco Riquelme Lagos y Fernando Orrego Galarce enfrentan, desde el 28 de marzo de 2011, cargos por homicidio por omisión de 66 de los internos fallecidos. Del mismo modo, el subteniente José Hormazábal Sánchez; el jefe de régimen interno del penal, mayor Patricio Campos; el alcaide del penal, coronel Segundo Sanzana; el ex director metropolitano de Gendarmería, Carlos Bustos Hoffman y el jefe operativo regional, Jaime San Martín, fueron imputados por el cuasidelito de homicidio de 15 reos que fallecieron por asfixia en el ala norte de la cárcel.

A más de un año y medio del incendio, la fiscalía estima que los tres vigilantes sólo habrían cometido un cuasidelito de homicidio de los reos.

Según el fiscal Pablo Sabaj, los funcionarios "fueron sumamente negligentes en su actuar, pero que hayan tenido la intención de matar, parece muy difícil de probar. Y, por el principio de objetividad, en la investigación no tenemos las herramientas suficientes para acreditar eso", dijo.

El cuasidelito de homicidio tiene penas de entre 61 días y tres años de cárcel, e incluye la posibilidad de llegar a un acuerdo reparatorio. En el caso del homicidio por omisión, las penas son de hasta 15 años de presidio.

Aun así, la fiscalía intentará obtener altas condenas para los oficiales de mayor grado. Esto, según Sabaj, debido a que Hormazábal, Campos, Sanzana, Hoffman y San Martín tendrían implicancia directa en el fallecimiento de los 81 presos y, además, en las lesiones que sufrieron 13 internos del ala norte.

Responsabilidades

Durante los más de 18 meses que ha durado la investigación, la fiscalía examinó los reglamentos internos que Gendarmería ha elaborado luego de otras tragedias como la que, en 2009, afectó al penal Colina II, en la que murieron 10 internos.

Esto, según Sabaj, con el fin de aumentar las imputaciones "respecto de estas personas (los oficiales) y vamos a imputarles la totalidad de los fallecidos, a la luz de las responsabilidades reglamentarias que les caben".

La decisión de rebajar los cargos contra tres de los funcionarios se venía analizando en la fiscalía desde abril de 2011. En esa fecha, la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la prisión preventiva de los funcionarios a cargo de la custodia de los reclusos, y uno de sus principales argumentos fue que los vigilantes habrían cometido cuasidelitos y no homicidios por omisión.

El grupo de funcionarios de Gendarmería fue formalizado el 28 de marzo del año pasado por el entonces fiscal metropolitano Sur, Alejandro Peña.

Pese a que los cargos contra los tres gendarmes serán modificados, la fiscalía intentará probar que los delitos fueron reiterados. "No son penas menores: son de cumplimiento efectivo. Estamos hablando de cinco años y un día a 10 años de cárcel, ese es el margen", aseguró el fiscal Sabaj.

El abogado de ocho de las familias de las víctimas, Rodrigo Román, dijo que la reformalización de los funcionarios "implica una rebaja sustancial de las penas. Nosotros, por lo pronto, seguimos pensando que existe un homicidio por omisión".