Transparencia en gastos parlamentarios

EL CONSEJO de Asignaciones Parlamentarias ha elaborado una propuesta para establecer estándares más exigentes para la rendición de cuentas respecto de las asignaciones que reciben los diputados y senadores. Estas asignaciones son  adicionales a su remuneración e incluyen dineros para financiar asesorías legislativas, arriendo de sedes distritales, bencina, telefonía celular, pasajes aéreos y otros.
De acuerdo a los antecedentes disponibles, la modificación central consiste en exigir que el grueso de los gastos sea rendido con boletas y documentos fehacientes, a fin de asegurar que ellos sean destinados a los fines previstos. Además, se establece que los pagos de ciertos servicios -como arriendos y asesorías- serán realizados directamente por el Congreso, y se limita la entrega de pasajes aéreos, parte de los cuales era hasta ahora de libre disposición. La idea es que estas modificaciones, luego de ser estudiadas y comentadas por los parlamentarios, se hagan efectivas a partir de enero del próximo año.
Estos cambios significan establecer estándares mínimos que deberían ser observados en toda rendición de fondos públicos, y desde esa perspectiva son positivos. Los parlamentarios deben cumplir con las mismas exigencias que recaen sobre todo ciudadano de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones legales en forma detallada, como ocurre con el pago de impuestos y las estrictas normas que recaen sobre los contribuyentes. Más cabe esperar aun de los legisladores, cuando son ellos quienes están mandatados por la Constitución a velar por el buen uso de los fondos públicos. Cabe recordar que esta comisión fue convocada por el Congreso como respuesta a numerosas denuncias de uso indebido de fondos y procesos judiciales que acreditaron conductas ilícitas por parte de parlamentarios en ejercicio.
Es necesario en esta materia separar lo que se refiere a la definición de la remuneración idónea, de la justificación de las asignaciones parlamentarias. La dieta fijada para diputados y senadores debe ser suficiente para que quienes desempeñen el cargo puedan dedicarse exclusivamente a sus tareas -tienen amplias incompatibilidades con otras funciones- y así no haya un obstáculo a que personas calificadas asuman una tarea que es esencial para el funcionamiento de la democracia. Este asunto se encuentra definido en la Constitución Política. Por el contrario, en el caso de las asignaciones, su justificación resulta muy discutible, más aún cuando existe evidencia de que en muchos casos ellas han terminado siendo complementos de las remuneraciones. Esta situación no ha sido superada hasta ahora, como queda de manifiesto en los escándalos conocidos.
Por otra parte, las asignaciones deberían ser sustancialmente limitadas en su monto, por el hecho de que imponen una barrera a las posibilidades que tienen los candidatos de competir con los parlamentarios en ejercicio que van a la reelección, restringiendo las posibilidades de renovación de los elencos políticos. En el fondo, lo que ha ocurrido en la práctica es que el Estado termina financiando la actividad proselitista y la reelección de los parlamentarios en ejercicio, mientras que los aspirantes al cargo enfrentan un período muy limitado de campaña para contrarrestar esa ventaja.