Tras ocho meses sin contralor oposición busca fijar plazo para designar cargo

Mañana se cumplen ocho meses desde que el ex contralor Ramiro Mendoza dejó su cargo tras cumplir su período legal de ocho años al mando de la Contraloría General de la República.

Desde ese viernes 10 de abril hasta la fecha, el gobierno no ha logrado designar un nuevo contralor, por lo que la entidad se ha mantenido liderada por la abogada Patricia Arriagada, quien ejerce sus funciones sólo en calidad de subrogante.

La ausencia de un contralor que ejerza sus funciones de manera permanente -designado por el gobierno y ratificado por el Senado, como dicta el procedimiento- ha generado preocupación no sólo en las filas de la oposición, donde han criticado la falta de decisión de La Moneda, sino también entre algunos personeros oficialistas. Lo anterior, debido a que la Contraloría -que funciona con independencia del gobierno y del Congreso- es el organismo encargado de ejercer el control de legalidad de los actos de la administración pública, aplicando un rol de fiscalización de carácter jurídico, contable y financiero.

Así, diversos parlamentarios han calificado como "una mala señal" la demora en la designación. Desde la oposición, además, han transmitido al gobierno que la nueva autoridad debe ser una persona que provenga del interior de la Contraloría y que no sea cercano al gobierno, de modo de evitar que se produzca, nuevamente, una designación fallida.

La fallida designación

Desde que Mendoza dejó el cargo, el gobierno ha intentado sólo en una ocasión designar a un nuevo contralor, cuando a comienzos de septiembre la Presidenta Michelle Bachelet envió al Senado el nombre de Enrique Rajevic, abogado que había ejercido como asesor en diversos ministerios.

El nombre generó rechazo en la oposición, dada la "cercanía" que le atribuían con el gobierno, tanto por su rol de asesor como por su calidad de ex militante de la DC.

Además del rechazo opositor, el nombre encontró resistencia en senadores de la Nueva Mayoría, como el PS Alfonso de Urresti, y de los independientes Pedro Araya y Lily Pérez. Y, aunque finalmente La Moneda logró alinear al oficialismo, el rechazo en bloque de la UDI y RN generó que el nombre no alcanzara los 22 votos requeridos para su aprobación.

Tras su rechazo fue el ministro del Interior, Jorge Burgos, quien asumió la responsabilidad por la fallida designación y, desde entonces, la Presidenta Bachelet no ha propuesto otro nombre.

Proyecto de ley

El jueves de la semana pasada, la bancada de diputados de la UDI ingresó a la Cámara un proyecto de ley que busca fijar un plazo para la designación de un nuevo contralor. Esto, considerando que actualmente la ley no establece un límite de tiempo para que el gobierno envíe un nombre.

El proyecto, que introduce una modificación a la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría, incorporando un nuevo inciso que establece que "para la designación de esta autoridad, el Presidente de la República deberá promover la propuesta con 90 días de anticipación a la fecha de expiración del plazo legal del Contralor General en funciones".

La iniciativa agrega que "en caso de no existir acuerdo en el Senado con la propuesta presidencial, el procedimiento de designación se reiterará cada 30 días hasta la obtención de dicho acuerdo".

Entre los fundamentos del proyecto se afirma que "la falta de plazo para su propuesta por parte del Ejecutivo al Senado atenta contra el correcto funcionamiento de esta entidad fiscalizadora, tomando en cuenta que dicho estado de cosas puede eternizarse en el tiempo". Además, establece que la ausencia de un contralor titular "genera un efecto no deseado y que da la sensación de falta de transparencia en la acción pública y una pérdida en la legitimidad social de una institución que precisamente debe dar garantías de profesionalismo, imparcialidad y eficacia en su actuar público".