Un nuevo trato en La Araucanía

En una ceremonia realizada en Temuco, el Presidente de la República anunció  una nueva política para los pueblos originarios, con especial énfasis en el problema mapuche. Ella involucra tareas en cuatro frentes: acelerar la reforma sobre reconocimiento constitucional de esos pueblos, la transformación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) en la Agencia de Desarrollo Indígena, la creación de un Consejo Interministerial y las acciones para promover la integración económica y social de las comunidades mapuches, más allá de la entrega de tierras.
Los anuncios efectuados constituyen un nuevo y valioso enfoque, con un énfasis en la integración de los pueblos que forman nuestra nación y evitando un sesgo confrontacional, pues la política actual -a la luz de los resultados- se encuentra agotada.
En este sentido, es importante tener presente que los principales problemas que afectan al mundo mapuche, como a las demás etnias originarias, son antes que nada la pobreza, la marginación, el aislamiento y la falta de oportunidades, aspectos en los cuales probablemente se encuentra el origen profundo del descontento que se ha manifestado en los últimos años.
Por ello, destacan los anuncios de proyectos que avanzan en la solución de los problemas sociales en La Araucanía. Sin embargo, no se ha hecho referencia a la entrega de tierras, aspecto sentido por las comunidades mapuches, y que requiere de un marco claro y definido, dentro de un irrestricto respeto al estado de derecho.
El compromiso abarca la construcción de 300 kilómetros de caminos en un año, duplicar las atenciones de salud intercultural, dotar de electricidad a mil familias, erradicar el analfabetismo infantil, reponer servicios de agua potable rural y destinar $ 4.300 millones a la reactivación económica. Se abordan así realidades concretas de marginalidad en los sectores mapuches, con pleno respeto a la identidad cultural, como es el caso de las prestaciones de salud, en que se aprovechan los elementos positivos de la salud tradicional que proveen las machis y se conjugan con las terapias modernas.
Un aspecto que no aclaran los anuncios presidenciales -lo que se haría próximamente- es la política de entrega de tierras que se aplicará en lo sucesivo. Este es un aspecto fundamental para las comunidades mapuches, ya que entronca con su identidad cultural y sin el cual ésta no pude subsistir. Sin embargo, entre las comunidades hay dos vertientes, una que aspira a una entrega razonable de tierras, y que supone un proceso ordenado de postulación y compra de terrenos, y otra, más radical, que ha exigido mediante la violencia la entrega de determinados predios. Hasta ahora, de una u otra manera, los últimos han sido privilegiados, lo que ha entregado señales negativas, debilitado el estado de derecho y fomentado la radicalización de los conflictos.
El gobierno en esta materia debería hacer un anuncio preciso que delimite definitivamente la extensión que se pretende entregar y los procedimientos que se utilizarán, puesto que se trata de un proceso que no puede quedar indefinidamente abierto. A ello, debe agregarse apoyo para el manejo de las tierras, como también capacitación y formación a los jóvenes para darles oportunidades y nuevas opciones, porque a la larga las que se entreguen no podrán sostener la incorporación de nuevas familias, debido al natural fraccionamiento de las extensiones. También cabe evaluar el que se entreguen progresivamente mayores grados de libertad en el ejercicio de sus derechos sobre la propiedad de las tierras.
Finalmente, es correcto y urgente que se haga una reestructuración de los organismos públicos encargados del tema indígena, en especial la Conadi que -además de las dudas y acusaciones que la cruzan- tiene un diseño dual como ejecutor de la política oficial y representante de las etnias, que no favorece la efectividad en su actuar, por lo que sería adecuado separar ambos roles en entes distintos.