Uso de lenguaje equívoco en debate sobre el aborto

EL SENADO discute tres proyectos que buscan despenalizar el aborto. Se trata de iniciativas de distinto alcance, cuyo contenido coincide en privilegiar el derecho de la madre a decidir si continúa o no con su embarazo, ubicándolo por sobre el derecho a la vida de quienes están por nacer. Más allá de esta definición común, sin embargo, los proyectos utilizan conceptos de manera confusa o inadecuada, situación que también se da en el debate público sobre el tema. En éste abundan generalizaciones, argumentos emocionales y eufemismos, detrás de los cuales muchas veces se encuentran posiciones abortistas.

La defensa del derecho a la vida del nonato está basada en el respeto a la dignidad esencial de la persona desde el momento de la concepción, en el entendido de que el embrión es un individuo humano en la etapa más temprana de su desarrollo natural y que, además, es inocente de cualquiera de las causales típicamente utilizadas por quienes promueven el aborto. El debate en torno a este asunto debe ser abordado con máxima seriedad, pues de él se desprenden consecuencias graves y porque involucra la aplicación práctica de profundas convicciones.

Pese a lo anterior, los proyectos llaman a confusión en aspectos esenciales. Todos promueven la adopción del aborto terapéutico, justificándose en la existencia de casos donde sería necesario elegir entre la vida de la madre y la del nonato. Sin embargo, tanto el ordenamiento legal como la práctica médica vigentes en Chile permiten la realización de procedimientos en los cuales, buscando salvar la vida de la madre, se provoque como efecto no deseado la muerte del feto. Por ello, si el objetivo es velar por la madre en riesgo vital, sería redundante legislar en esta materia. No lo sería, en cambio, si el propósito es acabar con el feto o embrión para proteger a la madre (como proponen los proyectos), ya que este matiz legitima la destrucción de una vida inocente, abriendo así la puerta para la instauración de otros tipos de abortos. También mueve a confusión la manera en que dos de las iniciativas abordan cuestiones altamente controversiales, como la inviabilidad fetal. Dejando atrás la noción comúnmente entendida de que ésta supone la existencia de una malformación radical que hace imposible la sobrevivencia tras el nacimiento, uno de los proyectos incluye entre las causas de inviabilidad "algunas trisomías", lo que sugiere que sería lícito abortar al nonato que padezca de síndrome de Down. Otro proyecto va incluso más lejos, al establecer que podrá abortarse cuando el feto muestre "graves taras o malformaciones físicas".

El uso equívoco del lenguaje también existe en el debate en torno a los proyectos. Ejemplos de esto son las palabras expresadas por el presidente de la DC, quien señaló de manera contradictoria que "no soy partidario de legalizar el aborto, sino de despenalizarlo para casos de violación", o las proferidas por la ministra del Trabajo, quien afirmó que le "repugna" que el tema del aborto terapéutico deba ser definido a través de una ley, cuando lo que correspondería es que cada familia decida con libertad. En ambos casos, las declaraciones apuntan simplemente a autorizar el aborto. En un tema tan delicado como éste, resulta imprescindible que las posiciones sean expuestas con transparencia, evitando la inexactitud conceptual que confunde a la opinión pública y dificulta un debate productivo.