En estos últimos días se han reactivado con fuerza las protestas y movilizaciones de escolares, tal como ocurrió con el “mochilazo” del día miércoles, o las tomas de que fueron objeto algunos liceos, o los desmanes que “overoles blancos” protagonizaron en el Instituto Nacional. Hubo amplios llamados para que las diversas federaciones de estudiantes tomaran parte de la marcha del 1 de mayo, y para el 14 de este mes la ACES ya convocó a un paro nacional. Las razones para estas protestas se repiten: reivindicar un nuevo sistema educacional, gratuidad universal, alimentación escolar y salud mental, pero también manifestar el rechazo a las políticas de recorte que impulsa el gobierno -y la consecuente pérdida de derechos sociales-, así como al enfoque punitivo que a juicio de estos movimientos subyace al proyecto de ley “Escuelas Protegidas”, que acaba de ser aprobado por la Cámara de Diputados y ahora se apronta a ser conocido por el Senado.

No solo los gremios estudiantiles han manifestado reparos a “Escuelas Protegidas”, sino que también varios diputados de oposición formularon reserva de constitucionalidad sobre algunos artículos. Uno de ellos es el que dice relación con que se “se entenderá, asimismo, que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por estudiantes destinados a impedir la normal realización de las clases o que tengan como consecuencia directa la interrupción total o parcial de las clases o la suspensión de actividades académicas, afectando la continuidad del servicio educativo”. La norma comprende dentro de esta categoría todas las amenazas realizadas por algún miembro de la comunidad educativa, por cualquier medio, que tengan como consecuencia la interrupción total o parcial de clases o la alteración sustancial del normal desarrollo de la jornada.

Durante el debate legislativo, varios parlamentarios de izquierda solicitaron al Ejecutivo introducir fórmulas que permitieran resguardar el “derecho a movilización de los estudiantes”, haciendo ver que si de por medio hay una votación democrática que la apruebe entonces es complejo que ello se considere una falta grave. También hubo consultas en el sentido de que si una paralización votada democráticamente por un centro de estudiantes es causal para invocar Aula Segura.

Es fácil advertir tanto en las movilizaciones de estos días así como en parlamentarios de izquierda la voluntad de reivindicar el supuesto derecho que tienen los escolares para mediante asambleas votar tomas y paralizar las clases. Se hace ver que el proyecto de ley del gobierno no distingue entre interrupciones de clases producto de tomas violentas o desmanes, versus interrupciones que sean producto de movilizaciones legítimas, porque a juicio de sus detractores es a través de ellas como los estudiantes han podido movilizarse para visibilizar, por ejemplo, problemas de infraestructura, falta de recursos en sus colegios, o bien denunciar situaciones injustas o discriminatorias como forma de presionar a la autoridad.

Al validar las tomas como medida de presión legítima no se toma en cuenta el enorme trastorno que se produce en el sistema educativo, ya que no solo se pasa a llevar el derecho a la educación de aquellos estudiantes que no quieren ser parte de las tomas o de las acciones de fuerza, sino también el enorme volumen de clases perdidas, con graves impactos en los procesos educativos. En 2025, por ejemplo, el Instituto Nacional perdió más de 40 días de clases, que en el caso del Liceo 1 Javiera Carrera la merma ronda los 30 días, cifras que deberían ser suficientemente ilustrativas sobre la irresponsabilidad de fomentar un derecho a movilización sin medir el impacto de que en algunos casos se pierda un mes de clases, o incluso más, a lo que cabe añadir el riesgo para la seguridad de los estudiantes y los posibles daños a la infraestructura.

Sin duda al validar el derecho a paros y tomas por parte de los escolares se están confundiendo gravemente derechos que los estudiantes desde luego sí tienen, como el derecho a recibir educación de calidad, un trato digno, velar por sus necesidades materiales y de salud mental, o la no expulsión que no sea por razones muy calificadas, con otros derechos que desde luego no tienen. Los estudiantes no son trabajadores, y solo estos pueden ejercer el derecho a huelga -mediante procedimientos reglados en la ley-, y pretender que por el solo hecho de que una asamblea de estudiantes vote “democráticamente” un paro no lo hace legítimo, pues es una acción que está fuera de la ley, desnaturalizando el rol de los escolares.

Por cierto que es sano que los estudiantes manifiesten pensamiento crítico y visibilicen situaciones injustas que los aquejan, pero ello debe hacerse mediante los canales institucionales que corresponde -ya sea ante las instancias del colegio o bien mediante denuncias ante las instituciones del Estado-, pero en ningún caso a costa de arrogarse el derecho a interrumpir las clases o recurrir a la coacción. Por lo demás, si se permite que el asambleísmo escolar sea una instancia resolutiva, hay un límite muy tenue para que también empiecen a decidir sobre la suerte de los profesores, las autoridades del colegio u otras decisiones estratégicas.

La idea que se ha ido naturalizando cada vez más en orden a que las tomas son actos de presión legítimos y que los escolares tienen autonomía o derecho para decidir sobre el manejo de los colegios, ausentarse de clases para protestar o sencillamente impedir el derecho a la educación de quienes no participan de las movilizaciones ha ocasionado un grave daño en el sistema educacional, y mientras esto no sea revertido el daño se profundizará. Asimilar que el hecho de buscar orden y acotar razonablemente los derechos supone “criminalizar el derecho a la manifestación” es sencillamente torcer el sentido del debate, ante lo que cabe esperar que en la discusión legislativa que seguirá en el Senado respecto de “Escuelas Protegidas” se tome conciencia de ello.