El paso que ha dado la sala del Senado al votar la reforma constitucional que introduce cambios en el sistema político es sin duda valorable, porque si bien todavía es una reforma que deja una serie de aspectos sin tocar, cuando menos es un primer paso que debería ser el inicio de una discusión de mayor alcance en el futuro.

Las dificultades que hubo que sortear en la Cámara Alta fueron significativas, ante la reticencia de parlamentarios pertenecientes a bloques como el Frente Amplio, el Partido Comunista y representantes de otros partidos más pequeños. La votación en sala había logrado ser postergada mediante maniobras reglamentarias -el proyecto fue presentado a fines de noviembre del año pasado-, ante lo cual había serias dudas de la verdadera voluntad de impulsar una reforma de este tipo, pese a que en su momento la mayor parte de las fuerzas políticas se mostraba a favor de ello.

En lo particular, el proyecto aprobado por el Senado establece que solo los partidos políticos que alcancen al menos el 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional, en la elección de los miembros de la Cámara de Diputadas y Diputados, tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en dicha Cámara. Esta regla no se aplicará al partido que tenga escaños suficientes para sumar como mínimo ocho parlamentarios en el Congreso Nacional, entre los eventualmente elegidos en dicha elección parlamentaria y los senadores que continúan en ejercicio hasta la siguiente elección. Excepcionalmente el umbral se flexibilizará al 4% para los comicios de este año, además de permitir que un partido se pueda fusionar con otro de la misma lista o pacto electoral que haya alcanzado el umbral requerido.

Además, el proyecto establece la pérdida del escaño para aquellos parlamentarios que renuncien al partido por el cual fueron electos -igual sanción se aplicará al senador o diputado independiente que, habiendo sido elegido como asociado a un determinado partido, se afilie a otro-, lo cual es una medida concreta para desincentivar la práctica del “discolaje”, que en el último tiempo se ha vuelto frecuente.

Existe un amplio consenso de que nuestro sistema político presenta graves problemas y requiere urgentes cambios, particularmente en lo que se refiere a la fragmentación de partidos -actualmente 18 colectividades tienen representación en la Cámara-, lo cual es una dificultad objetiva para facilitar los consensos que se requieren, y en tal sentido el umbral es una forma de allanar dicho objetivo. Apostar por partidos más grandes y que reflejen mejor las grandes corrientes de pensamiento no solucionará los problemas de raíz, pero sí es una manera concreta de lograr mayores dosis de racionalización en el sistema político y facilitar los acuerdos.

Ahora resta que la Cámara de Diputados dé su aprobación a este proyecto. Por ahora el escenario se ve complejo, pero será la oportunidad para que los parlamentarios demuestren que, ante todo, son capaces de anteponer los intereses del país.

El gobierno, por su parte, también ha anunciado un proyecto con el fin de hacer más exigentes los requisitos para constituir partidos políticos. Es un hecho que si se logra avanzar en una propuesta de este tipo, y además se aprueba la reforma emanada desde el Senado, se habrá dado un importante primer paso para reparar el sistema político.