México concretó la semana pasada la primera elección de jueces en la historia del país, un paso decisivo de la reforma al sistema judicial impulsada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y ratificada por su sucesora, la actual mandataria Claudia Sheinbaum. El nuevo sistema establece que todos los magistrados sean elegidos por votación popular y no designados a través de un mecanismo donde participaban los otros dos poderes del Estado, como sucedía antes. Así, el domingo anterior se realizó la primera parte del proceso, con la elección de 1.861 cargos de los cerca de 3.000 que deben ser llenados.

Los requisitos para participar son mínimos: basta ser abogado, entregar el promedio de notas y presentar cartas de recomendación. Los datos son luego revisados por una instancia integrada por comités de los tres poderes del Estado, que determinan quiénes finalmente están habilitados para participar. Sin embargo, en esta oportunidad la selección terminó haciéndose por sorteo, debido a la marginación precisamente del comité del Poder Judicial por desavenencias con el proceso, lo que aumentó las dudas sobre la calidad e idoneidad de todos los candidatos.

Según la Presidenta mexicana el proceso democratiza el sistema judicial y le entrega una mayor legitimidad al ser elegidos sus miembros por la ciudadanía. Sin embargo, la baja participación en los comicios, que llegó solo al 13% del padrón electoral, despierta serias dudas sobre la legitimidad que tendrán los magistrados elegidos, más allá de que hayan ganado los comicios. Esto porque si efectivamente la reforma buscaba corregir un sistema cuestionado, tanto por partidarios como por detractores de AMLO, el actual modelo, lejos de lograrlo, agrava ese problema.

La escasa participación da cuenta de una clara desconfianza en la reforma por parte de la ciudadanía, que ve en el sistema impulsado por el oficialismo mexicano liderado por Morena no un camino para darle más autonomía y reconocimiento ciudadano a la Justicia, sino una vía para que ese sector tenga un mayor control político del Poder Judicial. El hecho de que los nueve jueces elegidos para integrar la Corte Suprema hayan sido promovidos de una u otra manera por el partido oficialista, plantea serias dudas sobre la real autonomía e independencia que tendrá el máximo tribunal del país.

Pero los cuestionamientos sobre el sistema no acaban allí. Además de que el oficialismo contará ahora no solo con el control de los poderes Ejecutivo y Legislativo, sino también con el Judicial, el proceso instala dudas sobre los eventuales compromisos que los jueces elegidos puedan haber adquirido con eventuales financistas de sus campañas o con el crimen organizado y cómo ello comprometerá su independencia. En un país donde las redes de los carteles de la droga están enquistadas en el aparato institucional, el nuevo sistema amplía el riesgo de que los jueces puedan ser cooptados.

El eje de toda democracia es la necesaria separación de poderes, que permite un efectivo sistema de pesos y contrapesos para evitar que el poder se concentre. El modelo de elección de los jueces en México no solo pone en cuestión ese objetivo, sino que termina politizando al Poder Judicial, cuyas labores no deben ni pueden regirse por criterios político-ideológicos.