Entre las múltiples exigencias ambientales que se le han requerido al mall que Cencosud pretende levantar en la comuna de Vitacura -en terrenos colindantes con el colegio Saint George, y que contempla una inversión de US$ 125 millones-, llamó la atención que entre ellas figure atender los requerimientos de la Asociación Indígena mapuche Dhegñ-Winkul.

Mediante un oficio, la Conadi instruyó al Servicio de Evaluación Ambiental para que el titular del proyecto considere de forma detallada la presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en la redefinición del área de influencia, en particular, la presencia de organizaciones como esta asociación mapuche. Advirtió asimismo que la distancia física no debería ser el único criterio para definir si existe o no una posible afectación, e insistió en que el enfoque debe ser más integral, incluyendo la cosmovisión indígena, los usos tradicionales del territorio y las formas de organización comunitaria.

La ruka en torno a la cual se estructura esta comunidad indígena se encuentra a una distancia de 3,2 kilómetros lineales del proyectado centro comercial; sus representantes han hecho ver su preocupación por la flora y fauna así como por eventuales restos arqueológicos que puedan hallarse; también han planteado la importancia de que se haga una ceremonia para pedir permiso a los espíritus dueños del lugar, entre otras exigencias.

Si bien los procesos de evaluación ambiental deben forzosamente llevar a cabo consultas a las comunidades indígenas cuando estas se puedan ver afectadas, el episodio relacionado con este centro comercial ilustra que no parece haber un buen equilibrio entre la obligación de proteger a las comunidades y los asentamientos culturales, con la importancia de no entrampar innecesariamente los proyectos de desarrollo que requiere el país.

En ese orden de cosas, resulta cuando menos llamativo que un asentamiento que se encuentra a más de tres kilómetros pueda ser afectado por un centro comercial. Si es que en la zona que se intervendrá hay vestigios arqueológicos o fauna que requiere ser protegida existen mecanismos establecidos para su protección y conservación, pero es también importante que en los procesos de evaluación ambiental se fijen criterios estrictos de modo que no ocurra que cualquier petición tenga el poder de paralizar un proyecto, en particular cuando entran a jugar variables que son difíciles de aterrizar, como las cosmovisiones particulares.

Existe un amplio consenso en el país en cuanto a que la inversión y el crecimiento deben ser reimpulsados, y para estos efectos resulta clave cerrar espacios a la llamada permisología. Se acaba de dictar una ley marco de autorizaciones sectoriales, y está en camino otra que busca modernizar la institucionalidad ambiental. Y si bien resulta razonable atender a los problemas “macro” que complican la inversión, las innumerables trabas sectoriales pueden resultar igualmente desgastantes y son otra forma de permisología. Así, continúa siendo un problema grave la lentitud y los discutibles criterios que aplica el Consejo Nacional de Monumentos; asimismo, las consultas indígenas pueden extenderse por varios meses, y normas como la Ley Lafkenche -sobre espacios costeros- han terminado por congelar la inversión en ciertas zonas, como lo ha hecho ver el propio expresidente Eduardo Frei. De allí sigue estando pendiente analizar también los criterios que aplican determinados organismos, para asegurar que ello se haga de forma armónica.