La megatoma de la ciudad de San Antonio, ubicada en el cerro Centinela, se transformó en los últimos años en un caso emblemático de las ocupaciones irregulares de terrenos en el país, tanto por las 4.136 familias -donde había 3.000 niños- que se fueron asentando en el lugar desde 2019 como por la complejidad que alcanzó la situación.

En junio de 2023 la Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró el desalojo del terreno, lo que fue ratificado por la Corte Suprema en marzo de 2024. Desde esa fecha los intentos por evitar la medida llevaron a suspender su ejecución hasta que en febrero de 2025 se firmó un protocolo que abría un espacio de seis meses para llegar a un acuerdo entre la autoridad, los propietarios y los ocupantes para la compra de los terrenos, negociación que fracasó, ordenando finalmente la Corte cumplir el fallo.

A dos días de que se cumpliera el plazo para ejecutar la orden judicial, sin embargo, se conoció la decisión de la autoridad de ese entonces de que se expropiarían 110 hectáreas del terreno para desarrollar un proyecto habitacional que permitiera enfrentar la situación social que se generaría, comenzando el proceso de desalojo en enero último.

Sin embargo, a la pausa dispuesta al desalojo a mediados de este mes para reorganizar los equipos que estaban a cargo de coordinarlo y revisar antecedentes, porque habría errores en la planificación de la ejecución dispuesta por la Corte y cálculos sobre deslindes, ahora se suma la solicitud del Consejo de Defensa del Estado, en representación del Serviu de Valparaíso, de rebajar el monto de la expropiación, que considera exorbitante. Según el CDE este debe ser de $4.231 millones y no de $ 10.990 millones como estaba en la propuesta de la Comisión de Peritos, generando naturalmente la reacción de los propietarios.

Sin perjuicio de la obligación que recae en las autoridades de revisar lo que se ha hecho, rectificar errores que se pudieron haber cometido y tener claridad sobre los recursos disponibles para su financiamiento, lo ocurrido desde su génesis en este caso tiene que dejar lecciones para quienes hoy están a cargo de las carteras de Seguridad, Vivienda y Desarrollo Social, y por supuesto las municipalidades.

La toma de San Antonio no es la única que ha concentrado la atención en el último tiempo, recientemente hemos visto el caso del desalojo de la toma Dignidad en La Florida, que también se formó a partir de 2019. Dado el alto y creciente número de campamentos existentes en el país -el Catastro 2024-2025 elaborado por Techo Chile, señalaba un incremento de 10,6% de ellos en un año-, situaciones como la anterior, donde se conflictúan el derecho de propiedad con la vulnerabilidad de muchas familias y se da espacio a actividades delictivas -como loteos irregulares- se repetirán.

Por ello es fundamental que no se valide el recurso de la fuerza para obtener ventajas y que las respuestas que se den sean oportunas, tanto en resguardo de los derechos de los propietarios al detectar la flagrancia y el cumplimiento con celeridad las órdenes judiciales, como en el desarrollo de soluciones habitacionales posibles, en plazos realistas, sin sembrar ilusiones que luego se transformen en frustración. Es importante evitar que la displicencia termine transformándose en un incentivo para promover nuevas ocupaciones.