Por tercer año consecutivo, el Ministerio de Hacienda informó de un cierre del balance fiscal peor que el proyectado hace apenas unos meses. Ello claramente no se trata de un “accidente”, sino que es la confirmación de un patrón, pues esta administración ha fallado sistemáticamente en estimar los ingresos. Respecto de estos, el tamaño del error resulta difícil de justificar. La brecha entre los ingresos tributarios estimados en la Ley de Presupuestos y los efectivamente recaudados alcanzó el 2,1 % del PIB. La mitad provino de una menor recaudación del Impuesto a la Renta, mientras que el resto se explica como consecuencia de un error de proyección en el IVA. En 2023 se observó una desviación similar en ambos impuestos respecto de lo presupuestado por Hacienda; más aún, tras el incumplimiento de la meta fiscal en 2024 se brindó asistencia técnica del FMI para fortalecer el modelo de proyección de ingresos. Pero, una vez más, la Dirección de Presupuestos (Dipres) no logró enmendar el problema.

Lo más desconcertante es el intento por parte de la autoridad en orden a instalar una suerte de relato triunfalista: se celebró en redes sociales que la deuda “se estabilizó” en 41,7% del PIB, como si ello fuese el resultado de una gestión exitosa. Lo cierto es que en 2025 la deuda aumentó en cerca de US$ 12.500 millones y el desvío del déficit efectivo obligó a soportar un deterioro de US$ 6.300 millones (1,8% del PIB) respecto de lo programado al presentar la Ley de Presupuestos.

De hecho, en septiembre pasado la Dipres informó una deuda pública de 43,3% del PIB. Entre septiembre y diciembre no hubo emisiones de deuda pública y, aun así, la razón deuda/PIB cayó a 41,7%. Esa baja fue esencialmente contable, y no fruto de la gestión. Una parte se explica por la apreciación del peso frente al dólar, considerando que cerca de un tercio de la deuda está denominada en moneda extranjera; el resto, por un mayor PIB nominal asociado al mayor precio del cobre. Ambos factores pueden revertirse en pocos meses, dejando a la próxima administración con una deuda nuevamente cerca del límite prudente del 45% del PIB.

Este grueso error de cierre y su impacto sobre la trayectoria fiscal fueron advertidos por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) antes de la presentación del Presupuesto 2026. El CFA alertó que los datos de ejecución de ingresos del primer semestre mostraban desvíos respecto de las proyecciones del informe de finanzas públicas (IFP) del segundo semestre y que, de no realizarse los ajustes respectivos, estos repercutirían en el cumplimiento de las metas fiscales. Pese a esa advertencia, Hacienda mantuvo ingresos sobreestimados en su estimación del IFP que acompañó el proyecto de Ley de Presupuestos 2026.

Resulta evidente que la próxima administración enfrentará una situación fiscal más estrecha de la prevista. Las medidas correctivas anunciadas por Hacienda de recortes por US$ 800 millones “sobre y bajo la línea” parecen a todas luces insuficientes. Será necesario un ajuste temprano del gasto para encauzar el balance fiscal hacia una trayectoria acorde con la meta de 2026 (-1,1% del PIB). Cabe suponer que al actual oficialismo -y futura oposición- le será difícil oponerse a un ajuste fiscal cuando ha sido protagonista de los sucesivos errores de proyección de ingresos que, por la vía de los hechos, terminaron debilitando nuestra institucionalidad fiscal.