La acusación constitucional que la oposición presentó en contra del delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, no prosperó en la Cámara de Diputados, al reunir solo 63 votos a favor, con igual número de votos en contra y 14 abstenciones. Clave para que se perdiera fue la abstención de los diputados DC y de la bancada de Demócratas. Durán había sido acusado producto de los graves disturbios que tuvieron lugar el pasado 10 de abril en las afueras del estadio Monumental, donde con ocasión de un partido entre Colo Colo y Fortaleza terminaron fallecidos dos jóvenes barristas.

Se trata de un nuevo bochorno para la oposición, siendo la octava vez que pierde una acusación constitucional en lo que va de este período de gobierno. La única excepción fue la acusación en contra de los exministros de la Corte Suprema Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, pero en ambos casos también había fuerzas del oficialismo que estuvieron por impulsar dichos libelos. Así, en este historial de acusaciones fallidas se han observado descoordinaciones entre los propios partidos de derecha, o la incapacidad de articular acuerdos con todas las fuerzas de oposición, como acaba de ocurrir en el caso de Durán, acusación que además coincidió con un año electoral, donde era poco probable que la DC sumara sus votos cuando justamente están en plenas negociaciones para la conformación de listas parlamentarias.

Más allá de las lecciones que la oposición deba extraer a partir de esta nueva derrota -donde se da la paradoja que consigue el efecto opuesto al buscado, esto es, regalar un triunfo al gobierno-, el caso obliga nuevamente a reparar en el abuso que ha existido en los últimos años respecto de las acusaciones constitucionales, que lejos de ser un instrumento de control para asegurar que las autoridades cumplan con la ley y la Constitución, se han convertido en simples mediciones de fuerza entre oposición y gobierno, desnaturalizando por completo su sentido.

La actual oposición está a punto de igualar el asombroso registro que anotó la entonces oposición durante el segundo período del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, con un total de nueve acusaciones constituciones, entre la cuales se cuenta el inédito hecho de que el exmandatario fuera objeto de dos acciones de este tipo durante un mismo mandato. En ese orden de cosas, cabe preguntarse si resulta razonable que en menos de ocho años se hayan totalizado 17 acusaciones constitucionales en contra de autoridades de gobierno.

Las causales que la Constitución establece para justificar una acción de este tipo son precisas, pero además deben revestir la suficiente gravedad. Es evidente que para los ciudadanos debería ser una garantía que altas autoridades del país puedan ser objeto de un control por parte del Congreso, pero cuando en definitiva esto termina instrumentalizándose en función de intereses políticos -como probablemente ha ocurrido en la mayoría de los casos- la institucionalidad se ve gravemente resentida, llevando a que esta acción pierda eficacia.

Es fundamental entonces que se recupere el sentido más profundo de una acusación constitucional, tal que ella se reserve para aquellos casos debidamente calificados, y deje de ser utilizada como una suerte de juicio político contra un determinado gobierno.