El 2 de febrero de este año, el Presidente Gabriel Boric oficializó la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas para reemplazar a António Guterres, cuyo mandato termina el próximo 31 de diciembre. La nominación, a la que sorpresivamente se sumaron Brasil y México, generó molestia en el gobierno entrante por cuanto se desconocía el copatrocinio de la candidatura. El entonces presidente electo no había comunicado cuál sería su decisión, que anticipó solo daría a conocer una vez asumido el cargo. Se perdió entonces una oportunidad para que el hecho reflejara una señal de unidad, al converger dos administraciones de signo distinto, y no fuera percibida como una maniobra unilateral e inconsulta de un solo sector.

El martes pasado, y luego de que el Presidente Kast se hubiera reunido la semana anterior con la expresidenta, el gobierno comunicó finalmente que había decidido retirar el apoyo de Chile a la candidatura de Bachelet al “llegar a la convicción que el contexto de esta elección, la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”. Así ésta quedó patrocinada solo por las administraciones de los presidentes de Brasil y México.

Sin perjuicio de que sea criticable la forma en que se gestó la postulación por parte de la administración anterior -y al margen de los méritos de la expresidenta-, la decisión de quitar el apoyo de Chile a la exmandataria aparece como otra oportunidad perdida, que recuerda lo ocurrido hace cuatro años con la de Claudio Grossman a la Corte Internacional de Justicia y que acaba generando costos innecesarios para el gobierno.

El respaldo a la candidatura permitía a La Moneda, sin asumir mayores costos, dar una señal a países relevantes de la región que se puede converger hacia acercamientos sin alineamientos ideológicos. Además, internamente favorecía una mejor aproximación con sectores de centroizquierda cuyo apoyo será necesarios para avanzar en la agenda del gobierno. Con la decisión de retirar el apoyo, sin embargo, lo que se ha logrado es abrir un nuevo frente de tensión y perder una herramienta de negociación con la oposición. Como dijo la presidenta del PS, “los ánimos ya no son los mismos”.

El anuncio a su vez es poco oportuno, porque se da en momentos en que el país debe enfrentar la crisis generada por el alza del precio internacional del petróleo a consecuencia de la guerra en Medio Oriente, cuya duración no es posible anticipar. Claramente, como se ha visto esta semana, las medidas tienen costos políticos altos, y más allá del oportunismo de algunos por levantar agendas propias, será necesario poder contar con amplios apoyos políticos para hacerlo.

Si bien las razones para desistirse del patrocinio pueden ser válidas, como el difícil escenario que tiene por delante la ex presidenta para ser elegida y la distancia ideológica entre el actual ejecutivo y la ex mandataria, es una carrera que está recién comenzando. Hasta ahora no existe claridad de los apoyos de cada candidato, por lo que es difícil asegurar la inviabilidad de su postulación. Pero, incluso, si efectivamente la candidatura de Bachelet tenía pocas opciones de triunfo, como señala el comunicado, el costo de respaldarla para el gobierno era aún menor.