La semana pasada seis delincuentes ingresaron al recinto del Regimiento Maipo de Valparaíso; luego de amenazar y agredir con armas blancas a dos centinelas, les robaron sus fusiles de guerra y municiones, una situación que de acuerdo a lo señalado por el fiscal a cargo sería similar a una frustrada operación en el mes de mayo, y que se suma a la que fueron objeto funcionarios en el Fuerte Aguayo de la Armada en Concón a principios de año, situaciones que resultan especialmente preocupantes cuando se trata de instituciones que precisamente por su rol son parte de quienes pueden hacer uso de armas y tienen el deber de custodiarlas.

Lo ocurrido -que es un fenómeno que también hemos visto en países vecinos, y que ha anticipado graves casos de corrupción en las instituciones- se suma a una serie de hechos de los últimos años en los cuales se han perdido o han sido sustraídas una cantidad no menor de armas de recintos militares o policiales, y que más allá de que algunas se recuperen, debe levantar las alarmas en cuanto a qué hacer en materia de formación del personal y actualización de protocolos de seguridad de esas instituciones en el uso y control del armamento.

Es muy claro que para una delincuencia más avezada y especialmente con un crimen organizado que demanda un mayor poder de fuego en sus actividades -el control territorial entre ellas-, acceder a este tipo de recursos se transforma en un objetivo, y claramente no ven una disuasión en la forma como se resguardan los recintos; a su vez, las organizaciones criminales se transforman en un mercado para proveedores provenientes de las propias filas militares, como se descubrió en 2023 a quien ofrecía distinto tipo de armamento por redes sociales, entre ellos lanzacohetes.

Sin embargo, la amenaza no solo queda ahí. Los hechos conocidos estos días relativos a la detención de seis suboficiales pertenecientes a la Brigada Acorazada “Cazadores” de Pozo Almonte por su presunta participación en actividades de narcotráfico por $3 mil millones -ello tras una investigación de varios meses y una denuncia de la propia institución, que ya los dio de baja-, dan cuenta de algo mucho más peligroso, y es que el crimen organizado puede penetrar en todas las instituciones, y hacer uso de la cobertura y medios que ello les puede otorgar. Esto resulta especialmente preocupante, ya que el camino que ese fenómeno sigue lo conocemos por las experiencias en otros países –el caso mexicano es especialmente decidor, basta recordar los inicios del Cartel de los Z con funcionarios militares que debían combatir el Cartel del Golfo, y que terminan sustituyéndolo en sus operaciones.

Lo ocurrido plantea un llamado de atención a las autoridades de Defensa y a las propias Fuerzas Armadas y de Orden, que no solo deben redoblar sus esfuerzos destinados a fortalecer las labores de inteligencia que permitan detectar potenciales actividades delictuales o de riesgo, sino también asegurar el adecuado uso, destino y control del armamento que se les confía. No se puede perder de vista que el robo de armas desde recintos militares, además de constituir una situación en sí escandalosa, encierra el gran riesgo de que en la medida que estas prácticas se hagan más extendidas las instituciones se vean expuestas a caer en graves redes de corrupción, algo especialmente delicado cuando de por medio está la defensa nacional.