Esta semana, a solicitud del Presidente de la República, el Congreso aprobó una nueva prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de La Araucanía y las provincias de Arauco y de Biobío, algo que viene ocurriendo de manera ininterrumpida desde mayo de 2022, cuando con mucha reticencia el gobierno se vio en la necesidad de decretar esta medida producto del grave cuadro de violencia que se vivía por entonces. Ello ocurrió pese a que recién iniciada esta administración se tomó la decisión de dejar sin efecto el estado de excepción que el gobierno del expresidente Piñera había adoptado en noviembre de 2021, argumentando entre otras razones la inconveniencia de “militarizar” la zona.

Ciertamente cabe valorar que los predicamentos ideológicos del gobierno hayan quedado atrás, y a estas alturas las voces que cuestionan la importancia de contar con el apoyo militar para el control del orden público en situaciones graves -especialmente en estas zonas, que han sido duramente golpeadas por el terrorismo- son definitivamente aisladas. Los resultados del estado de excepción son tangibles, pues de acuerdo con cifras oficiales al comparar 2024 con 2021, los atentados han disminuido en más de 70%.

Pero a la par es inevitable no reparar en lo anómalo que resulta el hecho de que una facultad constitucional establecida como algo excepcional, en la práctica parece haberse convertido en una política permanente para el control del orden público, al punto que lo más probable es que la administración del Presidente Boric termine su período con dicho estado vigente, lo que para entonces implicará que su vigencia se habrá mantenido de manera ininterrumpida por casi cuatro años, algo que no tiene parangón. Y no solo eso: las principales candidaturas presidenciales también han manifestado su intención de mantener su vigencia en caso de que las circunstancias lo requieran, reafirmando así que por ahora no se advierte intención de revertirlo.

El ex comandante en jefe de la Armada, Juan Andrés de la Maza, días antes de que dejara su cargo volvió a poner de relieve este punto en una reciente entrevista que concedió a El Mercurio, donde sin cuestionar que el estado de excepción es una decisión que pertenece al poder político, hizo ver que para la institución ha significado un desgaste importante, manifestado además “que de alguna u otra forma debiera ir terminando el estado de excepción”, dichos que si bien generaron algún grado de polémica, apuntan a un asunto medular que no cabe esquivar.

Los estados de excepción están contemplados en la Constitución para hacer frente a situaciones de calamidad pública, de grave alteración del orden público, conmoción interior o guerra externa, pero por el hecho de que en su esencia contemplan afectar determinadas garantías aseguradas a las personas por la Carta Fundamental, se entiende que deben responder a situaciones excepcionales y su vigencia debería ser lo más acotada posible. De allí que es contrario a su naturaleza que un estado de excepción se convierta en una política pública permanente.

En ese marco, si bien resulta evidente que el estado de emergencia en el caso de La Araucanía y parte del Biobío estuvo plenamente justificado, y que sin duda ha logrado generar resultados concretos, este no puede desnaturalizarse y perder su carácter de excepcionalidad, por lo que es necesario que el gobierno y el Congreso se aboquen al diseño de un pronto plan de salida que aborde integralmente el tema de la seguridad en la Macrozona Sur, y donde el estado de excepción recupere su sentido, tal que constituya una de las herramientas en materia de orden público cuando así se requiera, pero no su columna vertebral.

Por supuesto que el término del estado de excepción en modo alguno puede implicar que el Estado reduzca su presencia en la zona, considerando que el cuadro de violencia no se ha extinguido y de hecho recientemente han tenido lugar graves atentados incendiarios. El plan de salida justamente debe hacerse cargo de esta realidad, reforzando fuertemente el contingente policial y las capacidades de inteligencia, apuntando a desactivar de raíz a los grupos que siguen utilizando la violencia con propósitos terroristas, sin perjuicio de los esfuerzos que se hagan para alcanzar también soluciones políticas, como la Comisión para la Paz y el Entendimiento. También debe tenerse presente que el Presidente cuenta con la facultad de disponer que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la protección de infraestructura crítica cuando exista grave peligro a su respecto, lo que también debe ser una herramienta que se considere en una estrategia integral.

El plan de salida también debe hacerse cargo de que en La Araucanía o el Biobío no puede haber zonas vedadas al Estado, como sigue ocurriendo en Temucuicui y otras localidades, en que a punta de disparos y amenazas se mantiene esta suerte de “independencia” territorial. Mientras ello siga ocurriendo, es evidente que ninguna estrategia será creíble ni efectiva.

Resulta extraño que este plan de salida aún no esté estructurado, no solo porque ahora existe un Ministerio de Seguridad Pública, sino además porque la exministra del Interior Carolina Tohá -hoy abanderada del Socialismo Democrático- delineó en diciembre pasado de manera general las condiciones para desescalar el estado de excepción –“este no va a ser para siempre”, dijo-, pero desde entonces nada se ha sabido de ello, probablemente por la comodidad que representa descansar en esa medida excepcional o quizás en la velada pretensión de que lo resuelva la siguiente administración. No solo el gobierno debe cumplir con lo que se entendió como un compromiso; el Congreso también debe ser mucho más activo en exigirlo, lo que extrañamente en la práctica tampoco ha ocurrido.

Si bien en las sesiones legislativas destinadas a tratar las prórrogas algunos parlamentarios han manifestado su desacuerdo y han exigido al gobierno medidas de fondo, la mayoría ha concurrido a aprobar sin mayores reparos la propuesta del Ejecutivo. El Congreso no debe olvidar que en materia de estados de excepción está llamado a jugar un rol de contrapeso, y cuenta con las herramientas constitucionales para ejercer presión sobre el gobierno con el fin de asegurar el normal funcionamiento de la institucionalidad.