El nuevo presidente de TVN -en declaraciones a DF- ha señalado que el gobierno no tiene entre sus planes el cierre del canal, y que el jefe de Estado le ha encargado mantener la misión pública de la estación, así como el análisis de alternativas de financiamiento que no impliquen una carga onerosa para el Estado. Y si bien el nuevo ejecutivo señaló que hay acuerdo en que se quiere que exista una televisión pública, también fue claro en plantear que, tal como está hoy TVN, es “inviable”. Particularmente hizo ver que la deuda que vence a principios del próximo año -$56 mil millones, que corresponden al crédito con aval del estado que el canal solicitó en 2020- es una carga que TVN no tiene cómo asumir.

El diagnóstico del nuevo presidente de TVN es concordante con lo que su directorio ya había manifestado en mayo del año pasado, al advertir sobre la inviabilidad financiera del canal. Las cifras no hacen más que confirmarlo: de acuerdo con la información enviada a la Comisión para el Mercado Financiero, en 2025 la señal estatal anotó pérdidas antes de impuestos por más de $15 mil millones, y si bien ello supone una ligera mejora respecto de los resultados del año anterior, las pérdidas acumuladas superan los $105 mil millones. Es evidente que en un cuadro así, el canal está en el peor de los escenarios: su modelo de autofinanciamiento -que es un mandato legal- ya es inviable, sin caja es imposible invertir en mejor programación y su misión pública está completamente desfigurada, pues salvo su señal cultural y el canal de noticias, la señal abierta sigue los mismos patrones que los canales privados.

Para mantenerse en pie, el canal ha logrado sobrevivir gracias a millonarias capitalizaciones y cuantiosos créditos garantizados por el Estado, lo que evidentemente supone una competencia desleal para el resto de los canales, que pese a competir en los mismos segmentos comerciales no cuentan con las espaldas fiscales para poder endeudarse. El proyecto que actualmente se tramita en el Congreso, entre cuyos objetivos busca crear un endowment de US$ 30 millones para TVN -con el cual se busca financiar las señales culturales-, dista de ser una solución real, pues no solo parece improbable que el Fisco pueda hoy suplementar tal cantidad recursos, sino que difícilmente dicho fondo rentará los más de US$ 5 millones anuales previstos en la ley, lo que en el intertanto obligará a aportes permanentes del Estado.

La ministra Secretaria General de Gobierno concurrió hace unos días al Congreso, para abordar la situación de TVN, planteando que el Ejecutivo conformará una comisión técnica que se aboque específicamente en proponer un modelo de financiamiento que dé sustentabilidad a la señal pública, lo que reveló que el Ejecutivo no tiene un plan concreto para el canal y que la forma de financiarlo sigue en suspenso.

Es evidente que mientras no se tenga un debate a fondo sobre qué tipo de televisión pública es la que el país requiere, y cuáles son las mejores alternativas para lograr dichos objetivos -que no necesariamente pasan por sostener la pesada estructura que supone un canal de alta complejidad-, el debate sobre cómo financiar TVN y cuánto deberá aportar el Estado seguirá sin respuestas claras y consumiendo abundantes recursos públicos.