Dudas con el PC y timing político: cómo la oposición se enredó con las acusaciones contra los ministros Ossa y Figueroa

En vista de que esta semana es distrital, los diputados del Partido Comunista (PC) decidieron postergar para la próxima la presentación de la acusación constitucional contra el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, mientras que los equipos jurídicos del Partido Socialista y Frente Amplio siguen reuniéndose para preparar otra contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa.

Aunque en lo formal ambas acusaciones avanzan y sus respectivos impulsores advierten que las presentarán sí o sí para que la Cámara de Diputados inicie su tramitación tras las primarias, en el fondo las aguas están bastante turbulentas en la oposición y los apoyos se han ido debilitando.

Las dudas que han ido emergiendo en las bancadas van desde la conveniencia de juntar dos acusaciones en un mismo lapso -distrayendo el trabajo legislativo-, hasta resquemores internos respecto de las intenciones tras estas acusaciones.

Los argumentos contra Ossa se basan en los problemas logísticos que enfrentó la Convención Constitucional para iniciar su trabajo la semana pasada. La de Figueroa, en tanto, se sustenta en que no están las condiciones en los colegios para retornar a clases y que no se ha implementado la ley que crea los servicios locales de educación.

La DC mira con escepticismo ambas acciones. “Al margen de la validez jurídica o técnica de las acusaciones, creemos que políticamente el tiempo no es adecuado, ya que tenemos prioridades más importantes, como la candidatura presidencial o la pandemia. No nos parece un buen momento”, indica el jefe de bancada de la falange, diputado Daniel Verdessi.

Y si bien algunos de este partido como el diputado Mario Venegas apoyan el libelo contra el ministro de Educación, Verdessi afirma que ninguna tiene mucho mérito. “Lo de la constituyente partió como algo grave, pero se solucionó rápidamente, creo que da para hacer una investigación en Contraloría. Y en el caso contra el ministro Figueroa no le vemos ningún argumento en forzar una por el retorno a clases, porque en ese caso debiéramos acusar a la Unesco, a la Unicef y a tantos otros organismos”, acota.

Igual escepticismo refleja la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), quien agrega que la ciudadanía no entendería que en medio de las carestías provocadas por la pandemia, el Congreso dedicara su tiempo a analizar dos acusaciones que ni siquiera tienen garantía de éxito. “A estas alturas, con una contienda electoral importante, no hay que cometer errores desde el punto de vista político. No podemos seguir perdiendo las acusaciones, porque así se fortalece más la posición del gobierno, y falta tan poco para que termine su mandato”, puntualiza.

Desde 1990 a la fecha se han cursado 32 acusaciones constitucionales, con lo cual de materializarse éstas, pasarían a constituir las números 33 y 34. No obstante, sólo seis han sido aprobadas.

En este período parlamentario (2018-2022) se ha iniciado la tramitación de nueve libelos, aunque el único aprobado fue contra el ministro del Interior Andrés Chadwick. El año pasado se presentaron tres que no prosperaron: contra el intendente Felipe Guevara, el exministro de Salud Jaime Mañalich y la ministra de la Corte Suprema Silvana Donoso.

Pero en el PC quieren seguir adelante con el libelo contra Ossa. En su bancada añaden que recibieron el respaldo de los diputados independientes Karim Bianchi, Tomás Hirsh y René Alinco, y la disposición a firmar el libelo de los comités del Frente Amplio y RD, quienes son sus aliados en el Pacto Apruebo Dignidad.

Están incluso confiados en que el PS se sumaría tras las fuertes declaraciones de su candidata a la presidencia, Paula Narváez, el fin de semana, pidiendo la renuncia de Ossa. Sin embargo, el jefe de bancada, Marcelo Schilling, asegura escuetamente que ya dieron su respuesta: “Nosotros ya le dijimos que no a lo de Ossa, porque no amerita una acusación”.

Pero el diputado Daniel Núñez (PC) espera que los respaldos de la oposición vayan sumándose de a poco, y afirma que la diputada Emilia Nuyado (PS) también tendría disposición a firmar la presentación. “Ojalá haya amplio apoyo, porque si los parlamentarios de la oposición se hacen cómplices del boicot del gobierno quiere decir que no tienen ninguna sintonía con lo que está pasando. Creo que para muchos de la oposición que han estado en posiciones muy tibias, es la oportunidad de reconocer el rol que tiene la convención y que claramente el gobierno la está tratando de menoscabar”, recalca.

Fuera de micrófono, varios parlamentarios opositores comentan que, efectivamente, en el caso de Ossa habría un incumplimiento constitucional. Pero advierten que no se puede impulsar un juicio político porque no se conectaron los micrófonos y los computadores, y que en cierta forma se descomprimió la tensión con la salida de Francisco Encina de la secretaría ejecutiva. Además, agregan que lo único que provocaría una acción como esta es que el ministro Ossa se haga “conocido”.

Pero más allá de estas explicaciones, hay varios que plantean que el PC quiere prender fuego con cualquier episodio para promover su idea sobre la paralización de la convención, tal como lo contempla un documento redactado por los seis constituyentes de ese partido y que tanto revuelo causó la semana pasada. Mientras otros recalcan que una acusación sólo promovería a la figura del candidato de esa colectividad, Daniel Jadue.

En tanto, desde el PC están convencidos de que la oportunidad para ir contra Ossa es la precisa y no la quieren dejar pasar, sobre todo, admiten, cuando han recibido recados desde La Moneda para que no sigan adelante. Incluso han comentado que podría abordarse en primer lugar esta acusación y dejar en segundo plano la que se está configurando contra el ministro Figueroa, porque advierten que “ha perdido peso político”, versión que también ha rondado en el oficialismo.

No piensan lo mismo los impulsores del libelo contra el titular de Educación. “La acusación contra Figueroa es muy sólida, en lo que a mí concierne no hay marcha atrás, está muy avanzada. Mientras que la otra (contra Ossa) es iniciativa de un partido, y si bien hay un hecho grave, hay que ver si reúne las características para concretarla”, manifiesta el vicepresidente de la Cámara, diputado Rodrigo González (PPD).